El procurador general, Francisco Domínguez Brito, instruyó al Ministerio Público para que realice las acciones de lugar que conlleven a erradicar la posible comercialización de productos que pongan en riesgo la salud de los consumidores, así como procesar a los responsables de sus distribuidores.

Las instrucciones fueron dadas a procuradores generales adjuntos, procuradores generales titulares de cortes de apelación, procuradores generales de cortes de apelación, así como a fiscales titulares y sus adjuntos.

Domínguez Brito detalló que recientemente se han ventilado en la opinión pública distintos casos de existencia de alteraciones en determinados productos de consumo humano, específicamente del azúcar, mediante la adición de compuestos orientados a engañar a las personas que los adquieren y ponen en peligro su salud.

Refirió que el Artículo 156, numeral 3, de la Ley General de Salud, establece de manera expresa sanciones que abarcan un intervalo de 2 hasta 10 años, así como un rango de multas, ante la existencia de actuaciones como las de la especie, por lo que se encomienda a sustanciar de manera efectiva todos los procesos que sean necesarios acorde a la cantidad de casos que puedan presentarse.

«En virtud de lo anterior, igualmente se les instruye realizar los contactos de lugar con las diferentes direcciones regionales del Ministerio de Salud Pública, para que así las posibles acciones sean llevadas de manera conjunta y coordinada con dicha institución», expresó el procurador general.