Sin consecuencias

La alarma colectiva por incremento de delincuencia y falta de respuesta oficial condigna, en prevención y persecución, tiene estímulo permanente como causa eficiente del descontrol en ausencia de sistema o régimen de consecuencias o, lo que es igual, no castigo y premio a impunidad.

Desde la elemental e ignorada ley 241, sobre tránsito de vehículos de motor, hasta escandalosas denuncias de corrupción pública y privada de cuello blanco atribuida a funcionarios y empresarios no hay temor a la sanción porque no se aplica la ley ni hay voluntad para procesar a ciertas personas.

Irrita al ciudadano mínimamente educado que ocurran hechos tan graves como el ataque a la unidad de emergencia del hospital infantil Arturo Grullón, de Santiago, denunciada por la directora del centro que evalúa pérdidas en 100 mil pesos, y no haya como consecuencia ni siquiera una persona investigada.

El jefe de la Policía se destapa con revelación de que no conoce dónde están ni qué labor hacen dos mil 300 agentes “bajo su mando” y esa escandalosa admisión, cuando se reclama eficiencia a la institución, se queda en simple declaración, aceptación de esa realidad que genera especulación.

Luego, que la Procuraduría Especializada en Persecución de Corrupción Administrativa (PEPCA), prefiero cambiar la segunda “p” por Protección, entreviste alcaldes por denuncias de manejo irregular de recursos no pasará de eso, con efecto mediático coyuntural, sin más consecuencias.

Muchos otros casos podrían ser citados porque están a flor de piel y se suceden unos tras otros para evidenciar, en conclusión, que aplicación de la ley es interesadamente selectiva, permeada por política con aval del partidismo en “altas cortes” y que la ilegalidad no provoca sometimiento.
Revisar titulares de prensa, cualquier día, reportará múltiples reseñas de violaciones legales, desde saltarse luz roja semáforo hasta abusar del erario, pero todo… sin consecuencias.