Habitantes de Cienfuegos, en la periferia noroeste de Santiago, promueven un movimiento para elevar esa comunidad a municipio, aspiran sensibilizar la opinión pública y legisladores, y seguir la fragmentación provincial como sucedió con Puñal y Sabana Iglesia. Las comparaciones, odiosas pero ilustrativas, permiten colegir que esta comunidad, surgida en agosto de 1975 con el asentamiento en barracones de familias damnificadas del incendio de casuchas marginales a las bodegas Bermúdez, reúne más requisitos que los dos últimos municipios santiagueros.

En más de 35 años, el sector ha crecido hasta reunir más de una docena de barrios definidos en su conglomerado superior a 200 mil habitantes, alrededor del 20 por ciento de la población provincial, con una dinámica económica y sociocultural muy propia.

De aquel asentamiento, alejados del centro urbano y como población residual del fuego, con el tiempo acogió toda suerte de damnificados y migrantes internos en busca de trabajo en la vecina zona franca industrial.

En la actualidad el movimiento pro elevación de categoría territorial presiona a los legisladores santiagueros, que han encontrado tan buena avalancha de votantes en el sector, para que formalicen mediante un proyecto de ley su conversión a décimo municipio de Santiago.

Ante la aparente ignorancia de los representantes legislativos locales, a fin de detener el antiguo festival de creación de municipios y distritos municipales a la carrera fruto de la demagogia electorera, los habitantes de Cienfuegos tienen una vía constitucional expedita. La nueva Carta Magna creó la nueva figura de la iniciativa legislativa popular, consagrada en el artículo 97, para presentar proyectos con apoyo ciudadano no menor 2% de electores inscritos.

Aunque falta la ley especial que regirá esta novedosa prerrogativa ciudadana, la gente de Cienfuegos tiene este recurso constitucional para vencer la inercia de sus representantes congresuales y forzar al debate legislativo de su aspiración a ser municipio.

Entonces, a recoger firmas con real poder constitucional vinculante.