El asunto no es quién califica o no para hablar, quién fue o es más que el otro, o cuál gobierno está más manchado por la distracción de recursos públicos, porque la corrupción debe tratarse como tema clave para adecentar el ejercicio político.

La sociedad espera acciones, no declaraciones, de políticos que están obligados a actuar como reclama la población contra quienes se convieren en millonarios de la noche a la mañana sin acertar en lotería.

Las auditorías están por montones, como elementos materiales para fundamentar investigaciones que conduzcan a sanciones judiciales ejemplarizadoras, y el rumor público y los bienes que exhiben funcionarios están a la vista, sin justificaciones.

El debate es oportuno como tema de campaña, con sentido propositivo y de trascendencia más allá de demagogia y proselitismo coyuntural, como compromiso de acciones institucionales presentes y futuras y de continuidad de Estado, con responsabilidad personal y gubernamental.

Hay que romper el criterio de que a la política se ingresa como mecanismo para rápido ascenso mediante prácticas corruptas como conflictos éticos, nepotismo, tráfico de influencia y malversación.

La clase política gobernante debe reivindicarse. La función pública tiene que ser reencauzada al bien común.

Los males del clientelismo, del negocio aliancista público-privado, político-empresarial, deben ser desterrados de las estructuras gubernamentales, con ejemplos que sirvan de escarmiento y sean disuasivos.

La sanción a la corrupción privada, también presente en el país, es significativa y sirve de paradigma con famosos delincuentes de cuello blanco purgando condena en Najayo. Ahora falta que haya condenas judiciales equivalentes para los corruptos del sector público.

Si hay voluntad política y compromiso que trascienda el calor de la campaña, se puede dar ejemplos, y los justiciables están a la vista de todos, son los que exhiben un enriquecimiento veloz, de sospechosa procedencia y difícil de justificar sólo con los ingresos oficiales.