Al ofrecer el escandaloso dato de que el 83 por ciento de los menores dominicanos entre dos y 14 años sufren castigos físicos y sicológicos en sus hogares y en la escuela, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha censurado el desinterés del Estado y la sociedad ante la violencia que se perpetra contra niños, niñas y adolescentes.

Aunque la fuente de tan perturbadora estadística (Encuesta Enhogar 2006) no parece actualizada, no hay dudas de que el cuadro descrito ha de ser hoy mucho peor ante la ausencia de efectivas políticas oficiales de protección a niños y adolescentes y los bajos niveles de conciencia ciudadana sobre ese flagelo.

El castigo corporal, que la agencia de la ONU denuncia como una práctica disciplinaria aprobada en hogares y escuelas, se constituye como una añeja herencia cultural que no pocos núcleos familiares consideran efectivos moldes conductuales, por lo que se requiere de un intenso y extenso programa de reeducación cívica a los fines de conjurar lo que ha devenido en una práctica violatoria a los derechos de la niñez.

Son válidas las quejas de Unicef por la pobre atención que prestan los medios de comunicación al fenómeno de la violencia contra la niñez, que es al mismo tiempo un problema de salud pública y de violación a los derechos humanos. Pero es preciso señalar que la sociedad y la familia están expuestas a una situación de violencia e indefensión jurídica.

Se menciona, por ejemplo, que en lo que va del año más de 120 mujeres han sido asesinadas por sus esposos, amantes o pretendientes, en una cruenta espiral de violencia de género y que el núcleo familiar, débil en sí mismo, por los altos índices de divorcios o de matrimonios informales, padece el acoso de una generalizada espiral de la delincuencia y criminalidad.

Aun así, en República Dominicana falta un largo trecho por recorrer en materia de protección a niños y adolescentes, porque además de conjurar el castigo corporal y sicológico en el hogar y la escuela, se requiere eliminar la prostitución de menores y el trabajo infantil, que constituyen motivos de escarnio y vergüenza para la sociedad nacional.

Se estima que más de 25 mil niños son obligados a prostituirse en burdeles y lugares frecuentados por turistas pederastas, y que miles más son incorporados a tareas laborales impropias para su edad o que deambulan en penosas condiciones de pedigüeños, sin ningún amparo o protección oficial.

La denuncia o queja de Unicef sobre indiferencia social y negligencia del Estado ante los elevados índices de violencia corporal y sicológica contra menores, ha de recibirse con sentido crítico y como un compromiso colectivo de emprender una cruzada nacional en defensa y protección de la población infantil.