RADAR

El procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, ha enseñado las garras del Ministerio Público con  iniciativas procesales y disposiciones administrativas, que sin embargo requieren   garantía a derechos de justiciables o condenados. Domínguez Brito  dispuso  el sometimiento  de un exdirector de Prisiones, solicitó a la Suprema Corte reabrir la investigación  sobre una denuncia de prevaricación, ordenó apelar la sentencia que dispuso  que un condenado por  desfalco bancario cumpla el resto de su pena  en su domicilio, instruyó recusar a un juez de San Cristóbal que conocería un pedido  de  libertad condicional para un  reo por  quiebra bancaria y prohibió “privilegios”  que disfrutaban  internos en la cárcel de Najayo. El magistrado  actúa  dentro de las amplias prerrogativas que le confiere  su cargo de jefe del Ministerio Público, pero el ejercicio de esas calidades no puede colisionar con los derechos de procesados o justiciables, cuya  custodia la ley pone  en manos del propio procurador. Por ejemplo, a la par con la prohibición de privilegios en las cárceles, el doctor Domínguez Brito debe proteger  el derecho de esos obligados inquilinos a   vivir en un  ambiente mínimamente habitable para un ser humano. En cuanto a la revocación de  dictámenes  de anteriores incumbentes,  debería  preservar la unidad del Ministerio Publico en todo lo relacionado con  las diligencias procesales, para que  no se contradiga a sí mismo.

La selva asfáltica

El accidente  ocurrido el viernes en la avenida 27 de Febrero próximo a la calle Josefa Brea, donde un minibús chocó con una patata, con saldo  de once heridos, algunos de gravedad, es  otra consecuencia del salvajismo que  caracteriza  al tránsito por el Gran Santo Domingo,  convertido por guaguas o “voladoras”, camiones, motoconchistas  y carros de concho en una verdadera selva. Según  testigos,  el conductor del minibús público realizaba una competencia de velocidad con otra “voladora”, hasta colisionar contra un camión patana que cruzaba la vía. De nuevo se reclama  mayor voluntad política del Gobierno para afrontar el desorden y el caos que prevalece en el tránsito por todas las avenidas, autopistas y cualquier asfaltado de la República.