Cámara de Cuentas en acción
Con la responsabilidad con que ha abordado las auditorías a entidades públicas y Ayuntamientos, la Cámara de Cuentas restaura y acredita su imagen en la opinión pública.Era necesario que la entidad se sacudiera con demostraciones concretas de que cumple las funciones que le asignan la Constitución y las leyes sobre la fiscalización del uso de los recursos públicos.

Antes de evidenciar a los Cabildos que no han dado cuenta de su ejecución presupuestaria, la presidenta de la entidad, Licelot Marte, instruyó a experimentados y probos magistrados para que los asesoren sobre los informes contables. En esa auspiciosa labor, para que los Cabildos no tengan excusas, han participado el vicepresidente Pablo Rosario y el juez y experto en auditoría Juan José Heredia. Es alentador que la Cámara de Cuentas asuma su rol tanto para que se organice la contabilidad pública como para evitar dilapidación de los recursos públicos. La acción constituye un valioso aporte al necesario fortalecimiento del sistema institucional. Pese a los estimulantes signos, la gente estará atenta al desenvolvimiento de la Cámara de Cuentas, una de las entidades más importantes para garantizar la transparencia y buen uso de los recursos estatales.

Justicia sin dinero

El Poder Judicial es tan independiente como el Ejecutivo o el Legislativo, pero sólo en teoría. En la práctica, conforme a la escasez de recursos denunciada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, está atada al Ejecutivo. Lo peor es que además de la financiera, que limita la labor de la Justicia, se hable o existan otras ataduras que le resten independencia. El Gobierno no ha cumplido con la ley que especializa una proporción del Presupuesto para el Poder Judicial. La violación, sin embargo, no ha implicado ninguna acción, como no sea la queja del magistrado Jorge Subero Isa en el sentido de que por falta de recursos no se han podido instalar 101 juzgados de paz aprobados por el Congreso. Subero Isa ha apelado al Congreso para que especialice los 447.6 millones de pesos que se requieren, pero tanto él como el más humilde de los mortales sabe que la decisión depende del Poder Ejecutivo. El problema denunciado por Subero Isa es una señal muy reveladora.