RADAR

La Junta Central Electoral (JCE) sentaría un precedente histórico con el sometimiento a la justicia de miembros de colegios que hayan incurrido en irregularidades durante el proceso de votación. En materia electoral por estos predios se ha visto de todo, incluyendo despojo de candidaturas a través de maniobras de poder, pero jamás que miembros de colegios tengan que responder ante los tribunales por supuestas faltas en el ejercicio de sus funciones. Si es como ha trascendido, el personal de al menos 60 mesas que operaron en el Distrito Nacional tendrá que responder por supuestas violaciones de los artículos 173, numeral 16, y 174, numeral 2, de la Ley Electoral. Los acusados habrían omitido el formulario A-1, lo que impidió que en unas 60 mesas se pudiera computar el voto preferencial. La decisión habría sido adoptada por la Cámara Contenciosa y el magistrado Eddy Olivares  sería el responsable de instrumentar el expediente. La decisión no ha generado expectativas, sino grandes esperanzas de que el tribunal contencioso fallará los recursos de que ha sido apoderado conforme, como declaró la magistrada Aura Celeste Fernández, a la ley y la justicia. Si con el sometimiento lo que se busca es un ejemplo, se trata, sin duda, de un buen ejemplo.

Plazo a la Fiscalía

Constituye una prueba para la Fiscalía de la provincia Santo Domingo el plazo de 15 días que le otorgó una jueza para instrumentar el expediente contra cuatro menores presos por la muerte de siete taxistas. La magistrada Leidy Alcántara, interina en el Juzgado de Instrucción de Niños, Niñas y Adolescentes, tomó la decisión al aceptar extender por otro mes la prisión preventiva contra los menores.  Por la drástica advertencia, parece que esa decisión fue para complacer al Ministerio Público y para que no digan. Pero si en 15 días no hay aucsación contra los presuntos homicidas la magistrada aclaró que el expediente será archivado.  El caso replantea las dificultades con que ha tropezado el Ministerio Pública para sustentar expedientes contra enjuiciados a través de los medios de comunicación. La magistrada Alcántara ha hecho saber su determinación de que no se prestará a condenar ni siquiera un culpable si no es con las pruebas en las manos. Responsabilidad.