RADAR

Las autoridades tendrán que buscar la forma de resarcir a los familiares y a la sociedad por la tragedia que el viernes costó la vida a un matrimonio haitiano y sus dos hijos en Los Tres Brazos de Santo Domingo Este. El que las víctimas sean haitianos que vivían en espantosas condiciones de pobreza no puede convertirse en óbice para establecer responsabilidades sobre la desgracia que se dice fue provocada por un cable  que al desprenderse electrificó la casucha en que residían. Los cuerpos de Luc Mond Genard, de 34 años; de su esposa Jacqueline Joseph, de 26 y quien tenía cinco meses de embarazo, así como de las hijas Sarah, de cinco, y Rebeca, de tres, presentaban múltiples quemaduras y fueron encontrados agarrados de las manos. La tragedia, la segunda que ocurre en medio de la intensa tanda de apagones, vuelve a llamar la atención sobre las condiciones de las redes eléctricas y el deterioro del servicio. Hace una semana que en Villa Consuelo una señora y su hija de dos años también murieron electrocutadas. Los responsables tienen que responder por los hechos, pero además se debe prestar la debida atención a un sistema que por deficiente y obsoleto se ha convertido en un peligro para la población. Ahí están los ejemplos.

El error de la JCE

La Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE) se ha venido a dar cuenta tarde del error que admitió con el recuento de los votos en Oviedo. El daño que se autoinfligió con la decisión está hecho y es muy difícil que en la opinión pública se acepte la excusa. El tribunal alegó que revocó la resolución para revisar los votos en Oviedo porque los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD) se habían desinteresado de la acción. Sin embargo, la resolución para revisar los votos se había basado en la verificación por el propio tribunal de irregularidades e incongruencias con las actas. Como la revocación surgió ante un recurso de oposición del PLD lo más lógico es que se piense que la Cámara Contenciosa cedió a presiones políticas. La censurable decisión compromete y empaña  la imagen del tribunal durante el actual proceso. Sospechas legítimas. Y más cuando la decisión de los jueces no fue unánime.