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Además de  “inequitativa y poco democrática”, como la ha descrito el movimiento Participación Ciudadana, la campaña electoral se ha caracterizado por un derroche de recursos que no se corresponde con la realidad del país. Hay quienes estiman que con el propósito de incidir en la intención de voto, en el proceso se han invertido más de 4,500 millones de pesos, de los cuales alrededor del 75 por ciento ha sido a favor del candidato oficialista, Danilo Medina.La Junta Central Electoral (JCE) sólo aportó 1,500 millones de pesos a los partidos que terciarán en el certamen. El movimiento cívico ha cuestionado la participación del Presidente de la República en caravanas y actos públicos acompañado de funcionarios que usan vehículos, combustibles y dietas pagadas por el Estado. Por las implicaciones tanto para el sistema democrático como para la economía el informe sobre el monitoreo del proceso es para que se le preste atención. Alega que el gasto desproporcionado en que ha incurrido el Gobierno ha dado lugar al déficit fiscal que se ha denunciado, que unos estiman entre 45 mil y 48 mil millones de pesos, y otros en unos 60 mil millones. En adición al señalamiento es saludable la observación que se propone la entidad.

Nómina elevada

Los primeros cuatro meses de este año han supuesto un incremento de 272 millones de pesos de la nómina pública. A menos que pueda justificarse con argumentos convincentes, el aumento, que reconoce la propia Contraloría General de la República, está relacionado con las elecciones del domingo.  El Gobierno dice que se han creado 7,420 cargos entre enero y abril, pero la oposición sostiene que han sido 38 mil. En un momento en que las grandes economías se abocan a racionalizar y austerizar el gasto, es censurable que por aquí se incremente con el evidente propósito de incidir en la intención del voto. Sólo la nómina representa la friolera de 8,982.4 millones de pesos cada mes, sin incluir a los empleados del Congreso, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, Aduanas, Impuestos Internos, los Cabildos y otras entidades que tienen autonomía administrativa. O sea, que el gasto es todavía más alto.