POR: José Antonio Torres
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La cultura del derroche, especialmente de los servicios públicos podría conducir a la población a situaciones de extrema gravedad en el futuro. Es normal observar en los barrios donde no se paga por los servicios, bombillas encendidas las 24 horas del día, o llaves abiertas en cualquier acera sin el más mínimo doliente. Ese fenómeno ocurre en una ciudad donde la producción de agua potable se ha reducido casi a la mitad, donde a pesar de tener la tarifa más baja del mundo la gente no paga por ese importante servicio. La producción de agua potable que en enero pasado llegó a 400 millones de galones diarios está en algo más de 300 millones, pero de esa cantidad, casi la mitad se pierde en fugas internas en los hogares o en las redes de distribución.

Esto, sin dudas, nos traerá problemas en el futuro que pueden evitarse si desde ahora el Estado y los consumidores actúan de manera responsable, tanto en la preservación como en un pago justo que permita eficientizar el servicio y reducir las pérdidas. Actualmente, el Gobierno subsidia a todos por igual, ricos y pobres, a los que hacen uso responsable del agua y a los que la derrochan sin ningún miramiento. Desde el año 1979 no se produce una revisión en la tarifa por el servicio de agua, lo que hace que las personas no desarrollen conciencia sobre la necesidad de ahorrar ese importante elemento que nos ofrece la naturaleza.

La República Dominicana es una nación rica en recursos hídricos, pero no por ello debe desperdiciarse por consumo en proporciones excesivas e irresponsable.
Es cierto que el agua es un derecho humano fundamental, pero se tiende a ignorar que disfrutar de agua potable en los hogares y la industria tiene un costo, tal como ocurre con el teléfono, la electricidad, el gas y el agua embotellada.

De modo que coincido con quienes plantean la tesis de que la instalación de medidores, acompañados con una campaña de educación a la población, contribuye en el consumo responsable de agua potable. Sin embargo, no se puede meter a todos los consumidores en el mismo saco, de modo que cualquier tarifa debe ser directamente proporcional al consumo, tal y como ocurre con otros servicios básicos.