Solo se necesitan ojos para ver el sesgo que desde el primer momento ha manipulado la investigación sobre el cruel asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras. Por el ropaje para despistar con que se revistió el crimen, lo más lógico eran las especulaciones.

Al estilo las ejecuciones del bajo mundo el cuerpo fue localizado con un tiro en la cabeza, encadenado y con cuatro blocks en el río Manoguayabo. Tal vez alertados por el propio jurista y catedrático sobre los riesgos que afrontaba para su seguridad personal, los familiares denunciaron la desaparición desde el mismo día en que dejaron de comunicarse con él.

Como si existiera algún interés en desnaturalizar el crimen para crear confusión, el primer dardo envenenado lo lanzó la fiscal a cargo de la investigación, Olga Diná Llaverías, al hablar de las supuestas causas antes que del horrendo asesinato como tal. Dijo la magistrada, por supuesto sin presentar la menor prueba pero con un claro propósito de apuntalar el debate, que Ramírez Ferreras había sido asesinado por extorsión contra el entonces director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), Manuel Rivas. La versión, amplificada por grupos mediáticos, ha surtido sus efectos, pues todavía se habla más de los supuestos motivos que de los escándalos de corrupción en la entidad.

Tan burda se evidenció la estrategia que el director de la Omsa fue detenido, pero no imputado por el crimen, mientras que contra el suplidor Eddy Rafael Santana Zorrilla, quien habría proporcionado uno de los cuatro millones de pesos con que sobornaría a Ramírez Ferreras y con quien dijo que se reunió en varias ocasiones, no se solicitó coerción. Es por la presión de la opinión pública que la Procuraduría General de la República decide detener y pedir una simbólica prisión preventiva de un mes para el influyente empresario.

A pesar de los muchos escándalos de corrupción que permanecen impunes, el procurador Jean Alain Rodríguez se destapó con la perla de que no descarta que no solo Rivas, sino más funcionarios sean víctimas de extorsión. O sea, que en este caso los funcionarios eran las presas de una red que inventaba calumnias para chantajear a servidores que no hacen más que sacrificarse por el país o cumplir con su deber.

Pero en el caso de Ramírez Ferreras, de no tratarse de un sesgo en la investigación para desacreditarlo, y de esa manera desacreditar la lucha contra la corrupción, lo más indicado es que tanto Rodríguez como Diná Llaverías presenten pruebas concretas, no evidencias circunstanciales, para sustentar su tesis sobre la supuesta extorsión que motivó el todavía conmovedor asesinato. Hay que hacer constar que en el caso de la Omsa las denuncias databan de 2013, sin que las autoridades emprendieran ninguna acción.