El respaldo al proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución para permitir la reelección, es solo uno de los puntos del acuerdo histórico suscrito entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su otrora rival en la lucha por el poder, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Aunque los pactos en política no deben causar la menor sorpresa, sin importar el grado que en un momento hayan alcanzado las contradicciones, los desencuentros que han marcado el pacto reeleccionista ameritan de una aclaración.

Invocando la memoria de su finado líder, José Francisco Peña Gómez, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, había garantizado que ese partido se opondría a la reforma para consignar la reelección.

Ese sorpresivo cambio de posición demanda una explicación, al margen de los comentarios de que el perredeísmo pudiera estar al borde de la extinción por el progresivo deterioro de sus niveles de aceptación que reflejan las encuestas.

Debido al acuerdo entre peledeístas y perredeístas, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora para modificar la Constitución. Los 42 diputados del PRD votaron a unanimidad para completar las dos terceras partes que se requería. Si podía faltar algo, dos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) también levantaron sus manos, sin importarles haberse expuesto a su expulsión.

Por el acuerdo, el camino de la reforma fue menos tortuoso de lo que se presumía. Los peledeístas depusieron sus diferencias para sellar un cuestionado acuerdo. Aún así, hacía falta votos para consumar la aprobación.

Los votos se consiguieron a través del acuerdo con el PRD, que, en aras de la transparencia y respeto a la sociedad no debe quedarse en la sombra. Sobre todo cuando las especulaciones abundan.

Ha trascendido que el pacto incluye el respaldo del PLD a los actuales congresistas y alcaldes del PRD, así como ministerios, direcciones y cargos en el servicio exterior para los perredeístas. Sin embargo, no deja de llamar la atención que en todo caso el acuerdo no ha sido entre los presidentes de ambos partidos, sino con el Gobierno.

No puede reducirse a un acuerdo de aposento un pacto que implica una reforma de la Constitución para permitir la reelección. Se sabe que programático no fue, pero eso no quita que las figuras envueltas en las negociaciones tengan la responsabilidad de exponer los detalles, para que la opinión pública se forme su propio criterio.

Es lo menos que pueden hacer para despejar las interrogantes que giran en torno a un arreglo que si bien para algunos se veía venir, para otros ha representado una estocada a sus principios políticos.