Cualquier iniciativa que procure afrontar la dilatada crisis del sector eléctrico debe armonizar con un programa integral y armónico que debería ser el resultado de una tormenta de ideas y propuestas consensuadas mediante un pacto político, económico y social.
Si la razón fuera fracaso o inoperancia, la propuesta de liquidar a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) habría que extenderla a las distribuidoras y generadoras de electricidad, pues todos los intervinientes son o han sido responsables en mayor o menor medida del holocausto.
El deseado pacto para el abordaje de la crisis eléctrica no debe ser contaminado por prejuicios relacionados con privatización o estatización del sector, aunque es claro que al Estado corresponde procurar junto al sector privado, nacional o extranjero, la medicina que conlleve a una cura definitiva.
A los economistas Luis Vargas y Apolinar Veloz se les atribuye sugerir la liquidación de la CDEEE, bajo el criterio de que esa disposición está contenida en la Ley General de Electricidad, pero resulta que cualquier remedio que se dispense para conjurar el malestar del sector eléctrico requiere pasar por una modificación de ese estatuto.
La pregunta de por qué el Estado debe regalarle a esa institución US$500 millones, debería ser respondida con el señalamiento de que en realidad serán 750 millones de dólares y que esa transferencia presupuestal se realiza para suplir pérdidas de las estatizadas distribuidoras de electricidad que recuperan menos de un 70 por ciento de la energía que colocan en línea.
Son muchos los factores que inciden en agravar la crisis del sector eléctrico y, por tanto, múltiples las recetas en procura de solución integral, por lo que sería remedio peor que la enfermedad pretender enfocarse en extirpar un solo órgano, bajo la premisa de que es el único gangrenado, si es que lo está.
Renegociar de manera administrativa con los generadores fórmula sobre medición de costo y rentabilidad, prioridad en el uso y consumo de generación de menor costo, instalación de una central única de importación de combustibles, conversión inmediata de la generadora Cogentrix al uso de gas natural e inicio de la instalación de al menos dos plantas que generen 300 megavatios cada una, son apenas algunas de las iniciativas que formarían parte del deseado pacto.
Liquidar o no al holding eléctrico estatal no tendría ninguna validad si no se incluye como parte de un programa integral de recuperación del sector eléctrico, a menos que se trate de algún subterfugio para colocar al elemento privatización como pieza angular de cualquier solución, como se ha pretendido con el Banco de Reservas.
