Desde nuestro punto de vista, es erróneo, ingenuo o perverso presentar el Acuerdo sobre la gerencia de informática de la JCE como solución del conflicto que se presentó por la objeción que varios partidos hacían del director de ese departamento, quien contó con una defensa acérrima del presidente del organismo, en una actitud impropia de un árbitro, que debe asumir un comportamiento que garantice su idoneidad frente a los sujetos arbitrados.

Lo acordado consiste en crear una dependencia colegiada de cuatro técnicos, incluido el objetado, uno propuesto por el PRD, otro por el PLD y el cuarto por el cardenal, cuyas decisiones deberán ser unánimes.

En caso de no lograrse unanimidad, el tema objeto del diferendo será llevado al presidente de la JCE y de persistir la discrepancia será conocido por el pleno que, como se sabe, es una instancia bajo el control absoluto de dicho presidente. Es decir, todo ha culminado, después de tanto escarceo, colocado en las manos exclusivas de una persona, la preferida del PLD.

Como puede verse, en esas circunstancias, se habrá sofocado el problema de forma coyuntural, pero es inevitable que resurja y lo hará poco antes, durante o después del proceso, cuando será tarde para revertir hechos consumados.

En todo esto está presente la diferencia que existe entre la presidencia del PRD y su candidatura. Nueva vez, Miguel Vargas pacta con el PLD a espaldas de los intereses de su partido y, como siempre, su organización es derrotada en la transacción. Que el acuerdo contó con la anuencia de Hipólito Mejía y que éste seleccionó el representante de su partido no es más que un caramelo envenenado que tuvo que tragar ante la imposición que se iba a hacer con o sin su anuencia. Si es negativo haberlo aceptado, peor hubiese sido rechazarlo. Optó por el mal menor.

A Hipólito Mejía no le resultará fácil derribar los terribles obstáculos que tiene por delante, los cuales se inician en su propio partido, con un presidente para quien tiene categoría estratégica la derrota de su candidatura, y continúan en el organismo llamado a arbitrar el proceso, sin mencionar los juegos pesados del partido al que se enfrenta.

Si el PRD y su candidato fueran las únicas víctimas de esto, el tema no fuera grave, pero es asunto que atañe a la democracia y sus posibilidades de continuar desarrollándose o degradarse hasta alcanzar rasgos inequívocos de dictadura.