Es tiempo de solidaridad y angustia para la mayoría de los dominicanos, pero para unos cuantos esta crisis sanitaria ofrece la oportunidad de aplazar la voluntad de cambio ya expresada parcialmente el 15 de marzo. Definidas las preferencias, la parte perdedora en el pasado proceso teme que el 17 de mayo -como todo apunta-, las preferencias se acentúen a favor de Luis Abinader y el PRM. No quieren elecciones, en pocas palabras.
Así las cosas, a la dirigencia del PLD y a su candidato presidencial les sobran motivos para frotarse las manos ante la posibilidad de la suspensión de las elecciones en la presente circunstancia. Incluso no hablan de una fecha cierta que dé paso a un cambio de gobierno este 16 de agosto, como manda la Constitución.
Pasada esa fecha, Danilo Medina cesa como Presidente a las 10:00 de la mañana de esa fecha. De manera que, a falta de un mandatario electo para el periodo 2020-2024, el país se quedaría sin un nuevo jefe del Ejecutivo. Igual, sin vicepresidente no legisladores, electos también hasta el 16 de agosto.
La Constitución no prevé una situación especial como está, con un final del cuatrienio sin los sucesores electos. El artículo 129 sólo advierte la falta temporal fortuita que, en caso del Presidente y el vice, “asumirá el poder ejecutivo el presidente de la Suprema Corte de Justicia”, quien a su vez convoca a la Asamblea Nacional para que elija a los mandatarios desaparecidos.
¿Convocar a cuál Asamblea Nacional , si también el Congreso se queda sin congresistas? De manera que quienes propugnan por un escenario como este, ponen en riesgo el orden democrático e institucional. Atrapados en sus urgencias, no han calculado esas consecuencias. A lo mejor estén pensando en un gobierno provisional de notables, sin presencia de dirigentes políticos, lo cual no deja de ser una trampa u otra manera de amolar cuchillo para su garganta.
Igual, la Junta asegura tener listo el montaje de los próximos comicios, evidentemente menos complejos y complicados que los municipales. Esto significa que, dentro del periodo constitucional que termina en cinco meses, es posible celebrar elecciones, aún cuando haya la necedad de una segunda vuelta.
La cuestión planteada es salvar el orden institucional, evitando que la nación caiga en un limbo democrático y un gobierno de facto, cuyas consecuencias se nos pueden ir de las manos. ¿La República al borde del precipicio?
