El consultor jurídico de la Superintendencia de Pensiones dijo hoy que a partir del decreto 616-12 del presidente Danilo Medina, emitido ayer, a los exfuncionarios del Gobierno que cobran altas sumas de dinero por concepto de pensiones, pero que al mismo tiempo son funcionarios de otras entidades estatales se les suspenderán esos pagos hasta tanto culminen sus actuales trabajos.

El doctor Leonel Sosa, afirmó que una vez esas personas que continúan laborando en el Estado, pese a estar pensionados, culminen sus funciones se les reanudará el pago de las pensiones pero en base al último salario que devengaban.

El experto analizó ampliamente el alcance del decreto a través del cual se busca regularizar la sangría de recursos que resulta para el Estado aportar decenas de millones de pesos mensuales en el pago de pensiones a personas que aún continúan laborando en instituciones del Estado.

Se trata de planes complementarios de pensiones vigentes en instituciones, en su mayor parte autónomas, a través del sistema de reparto, en el cual los recursos son aportados por el Estado.

De acuerdo con el decreto, se busca que a partir de la entrada en vigencia del mismo, esos pagos de pensiones se realicen en proporción al aporte de cada uno de los beneficiarios en los años en que estuvo laborando.

El doctor Sosa dijo, al participar esta mañana en el programa El Despertador, por Antena Latina, canal 7, que leyes vigentes prohiben recibir una pensión del Estado y al mismo tiempo continuar laborando en agencias estatales.

Reveló que existe un proyecto de ley en el Congreso que busca regularizar esa situación y en el mismo se incluyen las pensiones de los poderes del Estado, incluyendo al propio Parlamento, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, así como los ayuntamientos, las Fuerzas Armadas, la Policía y también las agencias financieras estatales.

Ese proyecto elevaría las pensiones del tope actual de ocho salarios mínimos hasta los 15 salarios.

Sosa dijo que la Superintendencia de Pensiones planteó que el proyecto fuese modificado para elevar el tope hasta los 15 salarios mínimos.

Aclaró, sin embargo, que todas las propuestas realizadas no afectarán las pensiones viejas.

En el caso particular de la Superintendencia de Bancos, donde hubo 49 jubilaciones que se estimaron escandalosas, los beneficiarios tendrán que devolver los recursos que les fueron pagados.