Lisboa (EFE).- El Parlamento de Portugal aprobó hoy un proyecto de ley que permite el uso de cámaras de vídeo en los uniformes de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, medida que había sido muy demandada por los policías en los últimos años.
La propuesta, que partió del Gobierno socialista y es enviada a comisiones, establece que las llamadas “bodycams” pueden usarse en caso de intervención de los agentes, cuando haya “ilícito criminal, situación de peligro, emergencia o alteración del orden público”.
La cámara debe estar señalizada en el uniforme y se debe avisar del momento en que se empieza a grabar, “siempre que la naturaleza del servicio y las circunstancias lo permitan”.
Además, su uso debe ser autorizado por el “dirigente máximo” del cuerpo y comunicado al miembro del Gobierno que tutele esa fuerza de seguridad.
Las normas de utilización de estas cámaras serán reguladas en un documento futuro por el Ejecutivo.
Las “bodycams” habían sido muy demandadas por la policía portuguesa, sobre todo después de algunos casos en los que se publicaron imágenes de operaciones que habían sido grabadas con teléfonos móviles de terceros.
La propuesta fue aprobada en el pleno con el voto a favor del gobernante Partido Socialista, el democristiano CDS-PP, el animalista PAN, el ultraderechista Chega y la diputada independiente Cristina Rodrigues, e irá ahora a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías.
Datos biométricos, lo más cuestionado
La iniciativa también permite la captación de datos biométricos -como la identificación a través del rostro de una persona- para efectos de prevención del terrorismo y con mandato judicial.
El uso de datos biométricos fue el punto más cuestionado de la propuesta, ya que esta misma semana el Parlamento Europeo mostró su “preocupación” por el uso de estas tecnologías para identificar a distancia a las personas.
La norma amplía también la utilización de otras formas de videovigilancia, como las cámaras en drones, navíos y embarcaciones, así como los dispositivos colocados en carreteras para detectar infracciones y gestionar el tráfico.
Durante el resto del proceso de tramitación está previsto oír el parecer de la Comisión Nacional de Protección de Datos, que todavía no se ha pronunciado sobre la ley.
