La partida de 301 millones de pesos consignada para la defensa de la frontera en el Presupuesto General del Estado, se interpreta como una demostración de la débil voluntad política del Gobierno para garantizar efectivo control migratorio e impedir que esa zona se convierta en paso preferente de contrabando.
Esa pírrica suma significaría que la vigilancia de cada uno de los 390 kilómetros terrestres fronterizos apenas tendría una inversión de 771,794 pesos al año, equivalentes a $2,114 diariamente, lo que incluiría movilización de personal, apertura de nuevos puestos de chequeos y adquisición de vehículos, entre otros gastos.

Quienes diseñaron ese proyecto de Presupuesto General no tomaron en cuenta la inversión que deben hacer las autoridades militares cada vez que repatrian a grupos de indocumentados localizados en las decenas de puestos de chequeos o en la misma frontera.

Es claro que todo el andamiaje preventivo e investigativo que se levanta a lo largo de la franja fronteriza para prever o frustrar contrabando de drogas, armas, mercancías o de indocumentados requiere de una inversión mayor que lo que se ha asignado a la seguridad fronteriza.

A pesar de que el presupuesto al Ministerio de Defensa, de 29,834 millones de pesos, representó un incremento de un 26.7%, equivalente a más de seis mil millones de pesos, lo consignado al resguardo fronterizo no supera la condición lo irrisorio y ridículo.

El servicio de Seguridad Aeroportuaria dispondría de $1,246 millones, casi mil millones más que lo asignado a proteger la franja fronteriza, lo que demuestra la pobre atención que desde el Gobierno se presta a una zona de altísima vulnerabilidad migratoria y delincuencial.

Son muchos los pasos fronterizos que carecen de vigilancia militar o policial por lo que se convierten en zonas porosas por donde se trafica con gente, drogas, armas y mercancías, sin que se consignen fondos para contener esa situación.

El Congreso de la República tiene el deber y la obligación de suplir esa grave falta en que han incurrido los redactores del Presupuesto General del Estado, y disponer de un adecuado aumento a la partida destinada a la seguridad fronteriza, que no puede ser garantizada con los tres cheles que se han consignado.