Panamá, (EFE).- El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo ester miércoles que la fiscal general, Kenia Porcell, se merece “el respaldo de toda la sociedad” tras denunciar amenazas contra el Ministerio Público y pidió al sistema judicial actuar en los casos de corrupción “de acuerdo a los mejores intereses de la nación».

“Siento que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, ahora le toca al sistema judicial que se den las audiencias y que el pueblo pueda saber la verdad, pero tumbar los casos sin ni siquiera (celebrar) una audiencia deja claro que quienes actúan de esa forma no lo están haciendo para los intereses de la nación”, expresó Varela.

El mandatario añadió en declaraciones a los periodistas que “para recuperar el patrimonio desviado de más de 1.000 millones de dólares y para que se rinda cuentas y se sepa la verdad, el sistema judicial tiene que actuar de acuerdo a los mejores interese de la nación».

Porcell aseguró el martes en un video que los fiscales que investigan sonados casos de corrupción son objeto de amenazas e intimidaciones por parte de “poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y bancarios”, que buscan que las investigaciones no se concluyan.

No es la primera vez que Porcell denuncia públicamente presiones al Ministerio Público, ya lo hizo el pasado 15 de mayo, aunque tampoco en aquella ocasión reveló la identidad de las personas que profieren las amenazas.

En su mensaje del martes, la fiscal general repitió que las pesquisas que adelanta el Ministerio Público están dejando al descubierto “una estructura de criminalidad organizada que se llevó el dinero del pueblo panameño».

Desde que Varela asumió el cargo en julio de 2014, el Ministerio Público ha abierto decenas de investigaciones por supuesta corrupción, que involucran a casi todo el gabinete de la Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). A ello se suma el caso de Odebrecht, por el que están procesadas 43 personas, entre ellas dos hijos de Martinelli, sobre quienes hay órdenes de búsqueda y captura.

El propio expresidente tiene una docena de causas pendientes en la Corte Suprema de Justicia panameña y actualmente está detenido en Estados Unidos, a la espera de que un juez federal decida si es extraditado a Panamá por un caso de escuchas ilegales.