WASHINGTON. AFP. Los países ricos y emergentes del G20 podrían tener muchas dificultades para entenderse sobre el principio de un impuesto especial al sector bancario, en la cumbre de Toronto (Canadá), pero ello no impedirá que Estados Unidos y Europa la pongan en práctica.
El proyecto de un impuesto bancario coordinado es un tema sobre el cual el G20 muestra desacuerdos radicales.
Por un lado Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña ya tienen proyectos impositivos a los que quieren asociar a otros países. Por el contrario, Canadá, el anfitrión de la reunión, junto a Brasil, Australia e India estiman que sus bancos no deben pagar por los errores de instituciones financieras extranjeras.
En consecuencia, los jefes de Estado y de gobierno deberían tratar de encontrar en Toronto un compromiso lo suficientemente vago como para satisfacer a todo el mundo.
«Creo que a nivel del G20 no se llegará a nada», afirmaba el jueves el líder de los ministros de finanzas de la zona euro, el luxemburgués Jean-Claude Juncker.
Un posible compromiso se vislumbra en el comunicado de la reunión ministerial de Busan (Corea del Sur), el 5 de junio. El documento destaca «un conjunto de enfoques» y la necesidad de «tomar en cuenta las circunstancias particulares y las posibilidades de que dispone cada país».
Este impuesto era uno de los objetivos del G20 en la cumbre anterior, en Pittsburgh (EEUU) realizada en setiembre. El grupo solicitó entonces al Fondo Monetario Internacional que examinara los medios para que el sector financiero «asegure una contribución justa y sustancial para pagar el costo de las intervenciones estatales para rescatar al sistema bancario».
Siete meses después, el FMI presentó propuestas innovadoras, recomendando dos impuestos: una «contribución a la estabilidad financiera» que aumentaría con los riesgos asumidos por cada banco y un «impuesto sobre las actividades financieras», una especie de IVA para un sector en gran parte exento de pagarlo.
Para los adversarios de estas propuestas, la imposición olvida lo esencial, que es reforzar la obligación de que los bancos dispongan de fondos propios.
El argumento es de peso, cuando se piensa que es enunciado por países cuyos bancos -estrechamente controlados- sufrieron muy limitadamente la explosión de la burbuja especulativa en el sector inmobiliario estadounidense.