Ven “amenazas” en RD a libertad  de expresión



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Una borrosa foto en blanco y negro del padre de Nuria Piera cuelga sobre su escritorio en los estudios donde ella produce un programa investigativo semanal de noticias.

Piera tenía ocho años cuando José Enrique Piera, también periodista de televisión, fue asesinado en 1970. Mientras crecía, ella creía que su padre había sido una víctima de la violencia política de “ojo por ojo” que marcó aquella época. Pero, ya adulta, supo que su padre fue probablemente asesinado por exponer un negocio sucio de tierras que implicaba a funcionarios del gobierno supuestamente corruptos.

Más de tres décadas después del asesinato de su padre, Piera encara ahora amenazas de muerte contra su vida. Durante la campaña de las recientes elecciones presidenciales dominicanas, Piera informó que un influyente senador había supuestamente enviado millones en sobornos a políticos haitianos a cambio de millones en contratos para la reconstrucción después del terremoto. Días después de que el informe saliera al aire en abril, un senador dominicano anunció que se había enterado de un complot para matar a Piera.

Desde el momento en que el informe salió al aire y hasta las elecciones, Piera fue acompañada cotidianamente por guardaespaldas. Su hija tuvo escoltas armados en la escuela y en la casa.

Aunque Piera restó importancia a la amenaza, otros temían por su vida. Un grupo de periodistas la apoyó, pidiendo que las autoridades defendieran a los reporteros ante el peligro.

“Lo que hagan y lo que amenacen con hacer no me va a impedir que siga haciendo esto”, dijo Piera en una entrevista reciente con The Miami Herald. “No me asustan”.

Sin embargo, como el incidente dejó en claro, la práctica de periodismo de investigación aquí no es mucho más segura de lo que era cuando el padre de Piera fue asesinado. Periodistas y defensores de la libertad de prensa dijeron que las arcaicas leyes sobre difamación, las amenazas de violencia o de muerte, y la falta de independencia, atentan contra la libertad periodística en República Dominicana.

Los reporteros de otros países latinoamericanos, como México, están en peligro mucho más grave que los que trabajan en República Dominicana. Pero organizaciones por la libertad de prensa dijeron que están preocupadas por una reciente ofensiva contra los periodistas.

“Hasta el año pasado, la situación en República Dominicana para los periodistas había estado bien”, dijo Mariela Hoyer, asesora de prensa de la libertad para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Prensa (IPI), con sede en Viena. “En el último año, se ha vuelto mucho peor”.

En agosto, el periodista de televisión José Silvestre fue secuestrado y asesinado después de informar sobre el narcotráfico y sus presuntos vínculos con hombres de negocios en la ciudad oriental de La Romana. El cuerpo de Silvestre fue descubierto con dos heridas de bala en el abdomen. La policía arrestó a cinco hombres.

El temor al procesamiento penal es a menudo un elemento de mayor de disuasión que las amenazas de muerte. Al igual que muchos otros países de América Latina y el Caribe, República Dominicana cuenta con leyes penales sobre difamación en virtud de las cuales los periodistas culpables de difamación o de calumnia pueden recibir penas de cárcel y fuertes sanciones económicas.

En enero, Johnny Alberto Salazar, que dirigía la emisora de radio Vida FM en la ciudad norteña de Nagua, fue sentenciado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1 millón de pesos dominicanos ($26,000), después de que un juez lo declaró culpable de dañar la reputación de un abogado local.

Una delegación del IPI tiene programado visitar República Dominicana y un algunos otros países del Caribe este mes, para presionar a los gobiernos a eliminar las leyes penales sobre difamación, dijo Hoyer. La visita tiene lugar semanas antes de que la organización celebre su congreso anual en Trinidad, su primer evento en el Caribe.

“Ocuparse de las leyes penales sobre difamación sería un paso muy importante” para la libertad de prensa, dijo Hoyer. “Esto demostraría que el gobierno tiene intenciones serias”.

Piera, que fue una estrella de la televisión infantil, inició una revista investigativa de información llamada “Nuria” hace 25 años. Ella ha irritado a funcionarios y a políticos con sus informes de investigación, como los que ayudaron a exponer un sistema de lotería corrupta, donde los funcionarios del gobierno arreglaban los resultados y se embolsaban los beneficios.

Su más reciente investigación sobre corrupción comenzó después que una fuente de confianza se presentó con las hojas de cálculo que contenían los registros financieros de las empresas de propiedad del senador Félix Bautista.

Bautista había sido una figura polémica en la política dominicana durante años, al ascender desde los niveles de la política del partido a la categoría de senador en una década, mientras sus empresas ganaban millones en el trayecto. Piera, su hermana y un empleado de confianza, examinaron los registros en su oficina, una habitación sin ventanas, de paredes color naranja intenso adornadas con premios de periodismo y obras de arte.

“Vimos millones y millones de dólares en transferencias”, dijo la periodista. “Muchos de los registros eran entradas comerciales de rutina. Sin embargo, una gran cantidad de dinero había sido canalizado a través de sus empresas para obtener contratos en otros lugares”.

Unos $2.5 millones de esas transferencias aparecían en los registros con la descripción de haber sido entregados a “MMartelly”. Piera fundamentó sus acusaciones sobre la participación del presidente haitiano Michel Martelly y de otros en esos registros.