Está por verse si el endurecimiento de las penas sería la solución pertinente para reducir los actos delictivos en personas que no alcanzan los 18 años. Políticas preventivas y de protección a los adolescentes descarriados podrían arrojar mejores resultados.

Porque es que son muchos los componentes causales que determinan la comisión del delito en menores de edad. No se si la Cámara de Diputados recibió una adecuada asesoría de profesionales de la sicología, especializados en conductas juveniles.

Satisface que el Senado haya anunciado vistas públicas antes del conocimiento del proyecto, lo que sería un escenario excelente en el contexto del enriquecimiento del tema, con diversidad de ideas, para que finalmente los correctivos a la ley 136-03 sean los más idóneos.

Se colige que Conani tomaría un turno. Y diría si cumplió con las campañas de albergue, alimentación, salud, educación y recreación para los niños y adolescentes que deambulan por las calles. La última noticia que obtuve de esa institución, que recibe un presupuesto superior al de varios ministerios, se refiere a graves irregularidades administrativas.

Si las medidas de persecución contra el delito juvenil no se hacen acompañar de prevención, la delincuencia en ese segmento será cada vez mayor. Les tocas a las autoridades irse directamente a las raíces del problema. En cada semáforo hay decenas de menores, potenciales candidatos a delinquir.

El problema descansa en la pobreza y en la falta de acceso escolar, pero también en la destrucción de los hogares, los vicios, desorientación y distorsión en el desarrollo de la personalidad. Muchos componentes se pueden evitar, pero ¿qué hace el Conani para prevenir la violencia juvenil?