El año 2014 está terminando con una serie de oportunidades y amenazas abriéndose para la República Dominicana que deberían generar urgencia en los hacedores de políticas de Estado, para iniciar algunas de las reformas que necesita el país. El crecimiento económico reportado desde el Banco Central y el desplome de los precios del petróleo ponen al país en una posición quizás inmejorable para en el 2015 ajustar las severas distorsiones en materia económica y fiscal que actualmente tenemos, para de esta forma enfrentar en el mediano y largo plazo los efectos de un inminente fin del acuerdo de Petrocaribe, otro aumento de los precios globales del petróleo, la reducción de la presión tributaria, entre otros asuntos que no parecieren aguantar más posposiciones.
Los pactos fiscal y eléctrico son dos de esas reformas que en el 2015 pudieran ser ineludibles, año pre-electoral o no, dado a su importancia tanto a nivel privado en la competitividad, una distribución más equitativa de la carga fiscal entre los sectores productivos, y otras, así como para lo público para reestructurar las fuentes de ingresos del Estado, aumentar los ingresos del Estado mediante una distribución más razonable de la presión fiscal, mitigar sustancialmente la forma en la que la factura petrolera incide sobre el valor de la moneda y en la estabilidad macroeconómica a nivel general, entre muchas otras necesidades.
No obstante lo anterior el Estado debe considerar con cierto grado de urgencia ir sensiblemente más allá en otras áreas si desea sacar lo mejor de un 2015 que luce como un año de oportunidades.
La Ley de Hidrocarburos debe volver a ponerse sobre el tapete para plantear su modificación, de forma tal que se liberalice tanto la normativa bajo la cual se importan los combustibles (desmontando el monopolio de REFIDOMSA), que por igual se deje a los detallistas fijar sus propios precios de mercado y se elimine la carga semanal que ha estado asumiendo el Ministerio de Industria y Comercio, se eliminen los cargos anti-competitivos en los precios y que se normalice el mercado con el fin de los subsidios.
Más aún debe retomarse el enfoque de la regulación en las grandes industrias e iniciar una flexibilización severa que permita a la inversión fluir. Los avances logrados en sectores tales como telecomunicaciones y energía a finales de los 90s se han ido al traste con contrarreformas y recelos excesivos de los reguladores. Otrora gallinas de los huevos de oro de la inversión extranjera directa en la República Dominicana, hoy son entelequias atrasadas, sofocadas por la falta de competencia promovida desde el mismo Estado y severos límites al ingreso de nuevas inversiones.
El 2015 debería ser el año en que la República Dominicana empiece a ver más allá del Turismo, Zonas Francas, Remesas y Agricultura, y empiece a abrirse a sectores menos tradicionales de la economía con una capacidad enorme de crecer y aportar mucho más de lo que cualquiera de las antes mencionadas (la mayoría beneficiadas de exenciones o subsidios) lo ha hecho. Pero tenemos que darnos la oportunidad, y para ello el año tendrá que ser uno de profundas reformas.
