4,610 millones de pesos es la exorbitante cantidad de dinero que saldrá este año del presupuesto nacional, que es equivalente a decir de los bolsillos de los dominicanos, para organizar el certamen electoral del 15 de mayo y para entregar a partidos políticos reconocidos. 3,000 millones para lo primero y 1,610 para lo segundo.
Desde mi punto de vista, la legitimidad del concepto de ambos gastos está justificada. Apoyo destinar recursos para esas dos actividades, en tanto y en cuanto, los procesos electorales son consustanciales al sistema democrático y el financiamiento público de los partidos políticos es preferible al privado.
Estoy persuadido, no obstante, de que esos fondos se están erogando de la forma menos óptima posible. Incluso, puede afirmarse que una parte importante de ellos se dilapida, pudiendo gastarse menos cantidad y, sobre todo, hacerlo en inversiones de mayor calidad para que tuvieran más repercusión en la consolidación de la democracia que padecemos.
En lo que respecta a la organización de las elecciones, resulta evidente que la Junta Central Electoral podría realizar el certamen con mucho menos gastos si las licitaciones de bienes y servicios se llevaran a cabo con mejores criterios; si no incurriera en tan profusas e innecesarias campañas de publicidad; si no montara los eventos fastuosos que ejecuta y no hiciera los fabulosos regalos que otorga en cada navidad.
Del lado del dinero que reciben los partidos políticos, hay que decir que la mayoría preserva su personalidad jurídica a través de una serie de subterfugios que se hace para no perder la posibilidad de ser beneficiaria del erario; no se ha cumplido en lo absoluto el espíritu de la ley a partir de la cual se otorgan esos fondos, ya que no solo se continúa recurriendo al financiamiento privado, sino que este se hace sin ningún tipo de regulación, con las consecuencias negativas de eso.
De ahí que, lo que está mal no es que del patrimonio público deba ser erogada esta suma, sino que se esté haciendo sin un conjunto de medidas complementarias, como evitar la subsistencia de partiditos sin ninguna incidencia; que no se regulen las aportaciones privadas; que no se termine de dictar una ley de partidos políticos y que la ley electoral continúe sin modernizarse.
A causa de estas falencias, la relación costo beneficio de lo que comentamos es lo más onerosos que se pueda concebir. Excesivo gasto y escasísima rentabilidad democrática.
