A partir de la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, el liderazgo partidario debería presentar un nuevo rostro ante una sociedad que no parece satisfecha por su comportamiento alejado de los principios de ética y transparencia cónsonos con el anhelo de una democracia plena y funcional.
El proceso de debates en torno a un proyecto que invernó por casi 20 años no satisfizo las expectativas de la colectividad, que esperaba un contenido más cercano a promover garantía al tutelaje de derechos fundamentales y al cumplimiento de algún decálogo ético.
La discusión sobre ese estatuto se sustentó en los intereses de élites o facciones y no en la consolidación del espacio democrático, como lo demostró la crisis suscitada por la divergencia entre quienes propugnaban por primarias abiertas o primarias cerradas.
Aprobada la ley, con el salomónico remedio de que propios partidos decidan la forma de escoger a sus candidatos a puestos electivos, el liderazgo político debería ahora leer con detenimiento todos los demás requerimientos contenidos en ese estatuto, especialmente lo referido a financiamiento de campañas electorales.
A lo que se aspira es a que, con sus virtudes y defectos, esa ley sea objeto de absoluto cumplimiento por parte de las instituciones partidarias, pero que sobre todo sea aplicada cabalmente por los órganos jurisdiccionales correspondientes, en especial por la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
No parece pertinente que el referido estatuto sea tomado como pretexto o escudo para justificar crisis o divisiones intrapartidarias, porque lo aconsejable sería que mansos y cimarrones acojan el principio de que lo que es igual no es ventaja.
Al interior del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se menciona la posibilidad acudir al Tribunal Constitucional como nuevo escenario de confrontación en torno a esa ley que un sector considera viola la Carta Magna. Eso supondría alargar un conflicto cuya prolongación podría afectar la organización y montaje de las elecciones programadas para 2020.
La Ley de Partidos nació a imagen y semejanza de un liderazgo político que marcha rezagado respecto a las expectativas que alberga la sociedad en torno a la vigencia de un sistema democrático consolidado, sustentado en la Constitución y en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, entre los que figura el de elegir y ser elegido.
