Por la profundidad de sus indagaciones y alcance de sus recomendaciones, el informe de la Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación del Contrato de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ausculta ampliamente la realidad de ese vital proyecto y demuestra que la democracia dominicana ha madurado lo suficiente como para sobrevivir ante cualquier temeridad o irracionalidad.

Los comisionados determinaron que el precio de contratación de la obra, de US$1,945 millones se encuentra en el rango de valor sobre ese tipo de construcciones, aunque comprobaron que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE) ha estado pagando los hitos sobre la base del contrato ofertado de US$2,040 millones.

Recomiendan también que el Estado adquiera los terrenos sobre los cuales se construye el complejo termoeléctrico, que son propiedad de la familia Vicini, además de que, una vez concluido, se designe un administrador estatal y se evite que las plantas sean concedidas a un competidor del sector eléctrico.

Se sugiere también que el Gobierno recupere a la mayor brevedad los US$6.5 millones entregados al Banco de Desarrollo Económico y Social, de Brasil, como comisión para un financiamiento que no llegó a concretarse porque la entidad bancaria anunció en octubre de 2016 que suspendería los flujos de dinero destinados a la empres de Norberto Odebrecht, por su vínculo en la distribución de sobornos.

En cuanto a la posibilidad de que Odebrecht incurriera en soborno para obtener la adjudicación de Punta Catalina, la Comisión pidió al procurador general aclarar la situación, sobre todo en lo relativo al señalamiento de que esa obra no habría sido mencionada en los papeles de Brasil.

Ha sido muy pertinente la recomendación para que se modifique la Ley de Contrataciones de Obras Públicas a los fines de subsanar debilidades o inobservancias que perjudican al Estado al momento de licitar o adjudicar un contrato como el de Punta Catalina.

A mi modo de ver, ese informe ha cumplido con las expectativas ciudadanas y ha sido presentado con tal transparencia que la opinión pública puede hacerle los reparos que considere de lugar, sin dejar de reconocer que los comisionados actuaron con gran responsabilidad e independencia, sobre todo por el criterio emitido de que la obra debe concluirse aun sea con la contratación de una tercera empresa.

El Presidente Danilo Medina haría una gran contribución al fortalecimiento de la institucionalidad si dispone que en lo que respecta al Poder Ejecutivo se cumplan al pie de la letra todas las recomendaciones contenidas en ese informe, lo que ayudaría también a ampliar niveles de transparencia y legalidad requeridos por la sociedad.