Cuando ajusticiaron a Trujillo, el 30 de mayo de 1961, el Producto Interno Bruto (PIB) era de menos de dos mil 500 millones de dólares, y para 2017 alcanzara los 75 mil millones de dólares, lo que quiere decir que la economía dominicana se ha multiplicado por 25 su tamaño en 56 años.

El ensamblaje jurídico político de la nación se amplía y fortalece en la misma proporción que se expande y consolida su economía, lo mismo que ocurre en una familia, cuyos integrantes cambian su comportamiento y modo de vida en la medida que crecen sus ingresos.

El sector con más poder económico y político se alzó con la mayor parte de la riqueza de la familia del sátrapa, pese a que el débil Estado votó una ley de expropiación y protección de esos bienes. El orden judicial carecía de fortaleza para castigar el desenfreno de los saqueadores.

Los años siguientes fueron de rampante corrupción pública y privada que fue causa básica del golpe de Estado contra Bosch, de la Revolución de Abril y de la intervención militar de Estados Unidos, episodios que no impidieron el incremento de la corruptela, tanto así que el presidente Balaguer llegó a decir que se detenía en las puertas de su despacho.

Mientras el Estado seguía anémico, la corrupción pública se convirtió en monstruo de siete cabezas que sectores empresariales y políticos aprendieron a dominar a su mejor antojo, por lo que la prevaricación llegó convertirse en ente corporativo público y privado.

La mayoría cree que el tema de la corrupción se ha movilizado al nivel que está por el escándalo de Odebrecht, pero ese no es el motivo esencial, porque si ese ilícito penal que lleva más de 15 años hubiese sido descubierto en 2001, las consecuencias serían las mismas que en 1961.

Lo que ocurre es que la economía ha multiplicado por 25 su tamaño en poco más de medio siglo, lo que obliga a un descongestionar las tuberías de aguas negras de prevaricación y corrupción para que vayan a parar a una planta de tratamiento jurídico.

En 1990, el presidente Balaguer tuvo que emitir un decreto ley de apertura de la economía, que fue publicado solo en el diario El Caribe para evitar su boicot por un empresariado acostumbrado al mercado nacional para el producto criollo.

Porque la economía se ha multiplicado por 25, el país posee todas las leyes y códigos que prevén, persiguen y castigan el peculado, además de garantizar practicas leales de comercio. La sociedad vive un momento de inflexión a partir del cual la corrupción ira pendiente abajo.

El presidente Medina ha comprendido el momento histórico y ha abierto las cortinas de su gobierno para que el orden judicial ausculte no solo lo relacionado con Odebrecht, sino también con cualquier otra cabeza de las cabezas que pueda exhibir el monstruo del peculado.