El problema no es que un funcionario, público o privado, gane 20, 30 o 50 mil dólares mensuales. Si la posición lo amerita, el ejecutivo tiene condiciones y la entidad cuenta con presupuesto para cubrirlo, perfecto. La cuestión es que hay una enorme brecha entre estos sueldos y los que devengan empleados menores, medios, trabajadores del campo, chiriperos, guardias y policías. El candidato del PRM, Luis Abinader, ha puesto el dedo en la llaga denunciando esta situación, al tiempo que se compromete con un ajuste, incluyendo a los miembros de los cuerpos armados, cuyo salario mínimo sería, en su gobierno, el equivalente de 500 dólares.
El desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes y los bajos salarios estancan nuestra economía, cuadro agravado por la corrupción y la impunidad. De persistir, puede degenerar un estallido social de impredecibles consecuencias. Ninguna sociedad que haya superado las barbaries medievales está preparada para soportarlo. El país mantiene un apreciable ritmo de crecimiento que no se refleja más que en niveles altos, propiciando pobreza. De esta forma, ninguna economía o mercado se expande y se hace sostenible. El mejor negocio para políticos y empresarios es la justicia social, donde cada individuo tenga un aceptable poder de compra.
Cincuenta años después de la Revolución de Abril y de la segunda intervención de los Estados Unidos, la República Dominicana no ha logrado una reducción de los niveles de pobreza a la par de otros países de Latinoamérica, pese a tener un crecimiento económico mayor, sostiene el embajador del Reino Unido, Steven Fisher. Citó cifras del Banco Mundial indicando que en los últimos 20 años el nivel de pobreza en Latinoamérica ha bajado de un 44% a un 28%, caída que fue más fuerte entre 2006 y 2013. Sin embargo, aquí la pobreza apenas ha bajado de 44% a 41% durante esos siete años, mientras Chile bajó de 29% a 14% y Perú de 49% a 25%. En contraste, mientras la clase media de Latinoamérica supera a los pobres, en el país, es menor que hace 15 años.
Los números del Banco Central, por otra parte, omiten estos aspectos, dejando a un lado las causas de las desigualdades sociales por la falta de políticas públicas adecuadas a las demandas sociales. El sector privado tiene mucho que ver, no por inobservancia, sino por hacer provecho de estas inequidades. Elías Piña observa los más altos niveles de pobreza, en tanto el Distrito Nacional y Bonao están posicionados entre los núcleos más ricos. Pero el Banco Central no ofrece detalles de las causas, mucho menos aporta recomendaciones puntuales para que las provincias más pobres, todas localizados en la región Sur, superen su situación.
