La defensa de un abogado acusado por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), junto a un colega suyo, de una estafa de 100 millones de pesos, informó que apelará la decisión.
El abogado José Antonio Nova Valdez, representante del imputado Johnny Valverde Cabrera, a quien ayer se le impuso tres meses de prisión preventiva, sostuvo que recurrirán la medida impuesta a su cliente, debido a que el magistrado José Alejandro Vargas no sopesó los presupuestos presentados por su defendido.
Esta mañana, Valverde Cabrera se mantenía recluido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al que el juez Vargas dictó la tarde de ayer tres meses de prisión preventiva; y a la imputada Amarilys Liranzo Jackson, una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida.
El abogado Johnny Valverde Cabrera, quien deberá cumplir tres meses de prisión en la cárcel de Najayo, permanecía esta mañana en el citado recinto carcelario que acoge recluso por corto tiempo.
Mientras que se hacían los trámites para la puesta en libertad de la señora Liranzo Jackson.
La Fiscalía había solicitado un año de prisión preventiva contra los dos imputados, pero el magistrado Vargas consideró que tres eran suficientes.
Los imputados habrían sometido ante la Cámara Civil por daños y perjuicios a la empresa eléctrica, en componenda con familiares de los supuestos fallecidos por accidentes con las redes eléctricas.
Para sustentar las demandas estos habrían usado notas informativas de la Policía, donde informaba la muerte por shock eléctricos y quemaduras, y supuestamente utilizaban actas de defunción y certificaciones falsas de hospitales.
Según la acusación, los dos abogados se inventaban historias de supuestas personas que habrían muerto en accidentes provocados por tendidos eléctricos o algún cable caído, para luego, junto a las supuestas familias de las víctimas fallecidas, demandar a Edesur y exigir una indemnización millonaria.
Berenice Reynoso dijo que hay indicios suficientes en los hechos que se le imputan a los acusados para la prisión preventiva y el envió del caso a un juicio de fondo, porque algunas de las estafas se materializaron y fueron cobradas.
En tanto que los abogados de los imputados se quejaron de que el juez Vargas no tomó en cuenta los presupuestos que se presentaron ni el aval de los letrados, quienes aseguraron no se sustraerían del proceso.
