SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, Isis Muñiz Almonte, sostuvo este lunes que las protestas que realizan los magistrados en todo el país no es por la suspensión de dos jueces vinculados a la libertad de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), sino por los maltratos y las ilegalidades que comete el Consejo del Poder Judicial contra los juzgadores.
Este manifiesto no tiene por finalidad la defensa en el plano particular y personal de los últimos magistrados que han sido suspendidos, independientemente de la trayectoria intachable que tiene la magistrada de San Francisco, dentro de lo que es el Poder Judicial, precisó Muñiz Almonte.
La juez de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional precisó que el Consejo del Poder Judicial le está dando una estocada al sistema de justicia con la suspensión de jueces que hace sin disfrute de sueldos y hasta sin investigarlos.
La magistrada dijo que por lo que se está protestando es por la suspensión de jueces, sin que en algunos casos se haya iniciado una investigación preliminar “solo por una presión mediática que envuelve intereses sensibles a la sociedad o que presenta un tipo de controversia opera la suspensión en la forma que hemos dicho y ese es un mal que aqueja al sistema de justicia desde hace muchos años”.
Entrevistada esta mañana el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, Muñiz Almonte abogó por que se diseñen protocolos y reglamentos, a los fines de establecer un procedimiento previo para llevar a cabo los juicios disciplinarios.
“Nosotros estamos consciente de que es importante y necesario que exista un régimen de consecuencia y estamos consciente de que el Consejo del Poder Judicial es el órgano que por disposición constitucional ejerce el control disciplinario”, adujo.
Refirió que cuando se suspende un juez sin disfrute de sueldo, y sin tener la conclusión de la investigación que justifique la apertura de un juicio disciplinario, se comete un doble atentado “primero a la estabilidad económica y emocional del juez, que por disposición de la ley no puede ejercer ninguna otra función fuera de la académica, y se está dando una estocada al poder judicial”.
Adujo que quienes defienden ese tipo de medidas para preservar la credibilidad del estamento judicial no se dan cuenta de que en el mejor de los casos, estas medidas terminan haciendo más mal que bien “cuando se suspende a un juez se está poniendo en cuestionamiento la integridad de todos los componentes del Poder del Estado”.
Sostiene que los jueces pueden ser suspendidos, pero cuando existan méritos para ello, no de manera ligera y graciosa, como se ha estado haciendo históricamente.
Dijo que en las suspensiones que se están realizando ni siquiera se indica cuáles son las faltas que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales se están cometiendo, lo que lesiona la estabilidad familiar y económica de ese juez.
