Trece fiscales que llevan la acusación contra los implicados en el caso Paya son amenazados por los implicados, denunció este martes el procurador general de la República.
Según el doctor Radhamés Jiménez Peña, los trece fiscales reciben amenaza de muerte, por lo que, tomando en cuenta el ambiente de “terrorismo” que reinó durante las últimas audiencias solicitó a la Suprema Corte de Justicia el traslado del expediente, que implica a agentes de la Policía Nacional y militares, a una la jurisdicción del Distrito Nacional.
Asimismo, Jiménez Peña reiteró su voluntad “indeclinable de continuar la lucha contra el narcotráfico en el país, usado por narcotraficantes como puente para llevar droga, principalmente, desde Suramérica hacia Estados Unidos y Europa. El funcionario judicial advirtió que la persecución del narcotráfico “no es exclusividad del Ministerio Público, ni de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ni de las Fuerzas Armadas, si no del Estado. Jiménez Peña habló en rueda de prensa con la presencia del secretario de las Fuerzas Armadas, teniente Pedro Rafael Peña Antonio, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín y los 13 representantes del Ministerio Público que llevan las acusaciones. También estuvo Marino Vinicio Castillo, director de Ética y asesor en materia de narcotráfico del Poder Ejecutivo.
El procurador general de la República definió como inaceptables las amenazas de los implicados, y explicó que los fiscales amenazados fueron designados exclusivamente para dar seguimiento a ese se expediente.
Varios imputados amenazaron a los fiscales y faltaron el respeto a los jueces durante la última audiencia del Caso Paya, creando una situación caótica. Los imputados también profirieron serías amenazas contra los fiscales, y les advirtieron que no se preocuparan porque lo de ellos va a llegar.
El caso Paya había sido trasladado desde Baní hasta San Cristóbal por razones de espacio, pero ahora la Procuraduría General de la República se propone solicitar a la Suprema Corte de Justicia el traslado al Distrito Nacional, por razones de seguridad.
