El director general de Aduanas advirtió este miércoles que aun cuando el Tribunal Constitucional falle reconociendo la legalidad de un contrato firmado entre el Ministerio de Defensa y una empresa privada para la instalación y administración de equipos de rayos X en los puertos del país, esa entidad no acataría la disposición. Afirmó que en esta Administración esa medida no se aplicará. El ingeniero Juan Fernando Fernández dijo que Aduanas se opone a ese contrato desde que Miguel Cocco era el director y en el período en que Rafael Camilo ocupó ese cargo.
El funcionario alegó que ese contrato pone en manos de una empresa privada un tema tan delicado como es la seguridad nacional, no sólo de República Dominicana, sino también de sus socios comerciales, que incluye a Estados Unidos.
Los referidos equipos de rayos X son unos modernos sistemas de escaneo interior de contenedores que verifica su contenido sin tocar la mercancía ni abrir los depósitos. Su implementación se inició en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. La verificación de los contenedores siempre se realizaría en forma aleatoria.
Fernández dijo que una de las “locuras” del referido contrato, es que buscaría que se revisen todos los contenedores que lleguen a los puertos.
Bob Menéndez
El director de Aduanas, al participar esta mañana en el programa El Día, por Telesistema, entrevistado por Huchi Lora y Javier Cabrera, dijo que el referido contrato es dañino en todas sus partes.
Como primer elemento lesivo citó que la propietaria del contrato original reveló que ella había “gastado” más de un millón de dólares para lograr que se firmara, lo que pone en dudas el origen honesto del mismo.
Además, se establece un monopolio, poniendo la seguridad de las fronteras del país en manos de una empresa privada.
Al margen del rechazo a que ha sido sometido por sectores empresariales, que fueron quienes llevaron su reprobación al Tribunal Constitucional, el origen del contrato está bajo una investigación federal de la justicia de Estados Unidos, incluyendo entre los investigados a un senador norteamericano.
“El hecho simple de que Bob Menéndez, un senador de los Estados Unidos, esté bajo investigación por supuestamente haber influido para que el contrato fuese otorgado a un financiador de su campaña, es un hecho que el Tribunal Constitucional debe tomar en consideración a la hora de su fallo”, dijo el director de Aduanas.
El contrato original fue adjudicado a la viuda del ex general Juan René Beauchamps Javier, quien luego lo vendió al doctor Salvador Melgen, señalado como financiador de la campaña de Menéndez.
Sin embargo, el director de Aduanas dijo que existen otros dos socios, no identificados, que cuando entiendan sus intereses están en juego, “simplemente aparecerán”.
