Así tituló el entonces candidato a la presidencia de México Enrique Peña Nieto un manifiesto al país por el que convocó a intelectuales, académicos, políticos de todas las militancias, organizaciones no gubernamentales, jóvenes universitarios y a la ciudadanía en general, a dialogar para enriquecer y darle vigencia a los principios políticos de su propuesta para transformar ese país. Desde la campaña política, el hoy presidente de todos los mexicanos expresó que su propósito era hacer los cambios y fortalecer la institucionalidad a partir del reconocimiento de la diversidad de ideas y opiniones.
En síntesis, el Manifiesto plantea respetar las libertades de reunión y de expresión como pilares de la cultura democrática, y de que las fuerzas armadas y la policía hagan lo mismo con los derechos humanos; encabezar un gobierno laico respetuoso de la libertad de creencias y de las prácticas religiosas de todos; también advirtió que, como Presidente, no intervendría en los procesos electorales, salvo para garantizar que existan las condiciones de seguridad y paz para el desarrollo de campañas y jornadas electorales.
En cuanto a la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas, Peña Nieto aseguró que impulsaría la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, como una instancia autónoma con capacidad de actuar ante casos de corrupción gubernamental en el nivel federal, estatal y municipal a partir de denuncias ciudadanas”. Y que, en política migratoria, daremos un trato a los inmigrantes en México como el que exigimos para nuestros paisanos en el extranjero.
También se comprometía a respetar la división de poderes, pues el diálogo y la concertación legítima serán los instrumentos primordiales del gobierno para lograr la aprobación, con amplios consensos, de las grandes reformas que México necesita, así como a respetar la genuina independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos porque en política, entendemos nuestro tiempo, y habremos de hacerla bajo los principios y formas del siglo XXI.
Del dicho al hecho, el pasado 2 de diciembre los líderes de los principales partidos del país (el PRI en el poder, y el PAN y el PRD en la oposición) y el Presidente suscribieron el Pacto por México, que busca la aprobación congresual de reformas estructurales pendientes por falta de acuerdos entre las fuerzas políticas: las tres primeras fueron la educativa, la de telecomunicaciones y una tercera que busca evitar los irresponsables endeudamientos en estados y municipios del sistema federal.
Como muy bien analiza este diario en su edición del pasado miércoles en Primera Fila, este Pacto puede ser un buen referente para Danilo Medina consensuar acuerdos para enfrentar los problemas nacionales más perentorios, como el eléctrico, el de la seguridad ciudadana, entre otros.
Ahora bien: vimos que las debilidades institucionales mexicanas coinciden en gran medida con las dominicanas. Esto se simplifica en que gobernantes y gobernados acaten y cumplan la Constitución y las leyes, como es responsabilidad jurídica y moral y deber fundamental de las personas. En el territorio nacional este pacto lo suscribimos en el 1844 y sólo ha faltado manos a la obra para cumplirlo como lo hemos reclamado por décadas nosotros, el pueblo. Sugiero al presidente Medina que nos encaminemos por esta senda para preparar la nación a cumplir, luego, lo concertado.
