Honorables senadores y senadoras. La semana pasada, supimos que en plena segunda lectura de la propuesta del Código Penal en esa Cámara Alta, la presidencia recibió una copia de los artículos referidos al feminicidio y al aborto, con sendos comentarios adversos y recomendación de excluirlos del documento, encaminada y con tutoría señalada al pie, del sacerdote que ejerce como Enlace del Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica Dominicana.
La primera sorpresa fue saber que el Poder Ejecutivo tiene un enlace con la Iglesia Católica, otra de las ventajas que lleva esa institución religiosa, por encima del infausto Concordato, esta vez. La segunda sorpresa, refiere un intervencionismo de facto, históricamente practicado por la jerarquía católica, con la intriga y alevosía que caracterizan sus acciones detrás del poder, ambicionado, compartido y utilizado para sus propósitos.
Sin embargo, el Estado dominicano, no tiene que rendir cuentas a la Iglesia Católica o a cualquier otra, porque no es confesional y por definición constitucional, garantiza la libertad de conciencia y de cultos, es decir que, ministros, prelados, pastores y pastoras, pueden decir lo que les dé la gana y según su convicción, desde sus púlpitos.
Eso fue lo que hicieron en 2010 los curas católicos en sus homilías, cuando detractaron a los y las congresistas que votaron por la no inclusión de la coletilla “desde la concepción”, a la inviolabilidad de la vida del artículo 37 de la Constitución. Para entonces, la lista de los nombres de aquellos y aquellas congresistas, fueron colocadas en las puestas de las iglesias y publicadas en panfletos entregados a la feligresía. ¡No se olviden!
Esta vez, la jerarquía católica dominicana, manda su aviso directamente a la presidencia del Senado dominicano, para exigirles que se olviden de tipificar el feminicidio, un crimen altamente preocupante que mata a más de 200 dominicanas al año, porque dicen, es discriminante, ya que no existe “masculinicido”, mostrando una insensibilidad asombrosa y una ignorancia lastimosa. Además, conminan a que excluyan ustedes la parte in fine del artículo 90 de la propuesta de Código Penal, que libera de penalizar la interrupción del embarazo cuando es practicada por personal médico especializado en centros de salud, públicos o privados, como consecuencia de un estado de necesidad, en concordancia con el artículo 10 de la misma propuesta.
Es de un Senado, totalmente peledeísta, comprometido con las dominicanas a avanzar en el respeto a nuestros derechos, aún desde el mismo discurso del presidente Reinaldo Pared Pérez, recién pronunciado en su campaña preelectoral, que las mujeres en este país esperamos.
