La ciudadanía exige un pronto y total desarme general y para lograrlo solo se requiere que el presidente Danilo Medina ordene al ministro de Interior y Policía emitir una resolución precisando que en lo sucesivo, solo se permitirá el porte y no la tenencia de armas de fuego, luego de la evaluación por un equipo de siquiatras que determinen como un solicitante para un permiso de tener un arma de fuego, evalúa el valor de una vida humana y en que circunstancia debe usar el arma.
Es una disposición urgente en lo que los legisladores, que son los primeros que rechazan no portar armas de fuego, modifican en ese sentido la obsoleta ley 36-66 promulgada por el presidente provisional de la República, doctor Héctor García Cáceres, cuando le delincuencia era mínima y se desconocía las figuras criminales del sicariato y el narcotráfico.
El primer intento de desarme nacional que registro lo produjeron el 14 de julio de 1809 el triunfante brigadier Juan Sánchez Ramírez conjuntamente con Sir Hugh Carmaichael, por orden expresa a éste el canciller británico William Walton, porque entre ambos, lograron concluir con la Era de Francia en el país con la derrota de Palo Hincado.
Un segundo desarme lo ordenó el 30 de mayo de 1881 el presidente Fernando Arturo de Meriño promulgando en esa fecha el terrible Decreto de San Fernando que facultaba a las autoridades pasar por las armas a quien se sorprendiere portando un arma de fuego.
El capitán Harry Knapp al inicio de la primera afrentosa intervención del imperio (1916-24), ordenó desarme general y lo propio el surgiente brigadier Rafael Leónidas Trujillo cuando asaltó el poder por los expedientes de crimen, el fraude electoral y el cohecho. Ahora el país se enfrenta a una encrucijada en que es imperioso modificar la ley 36-66 legislando modificar el porte de armas de fuego por solo tenencia, sin excepción, excluyendo policías, militares, alcaldes pedáneos y jueces en servicio, y nadie más
El diario Hoy del 13 de noviembre 2013 insertó una infografía donde ilustra que República Dominicana es el país registra la mayor tasa de homicidios de América Latina, con un 21.5, mayor que en Ecuador 16.3, Perú 16.3, México 15.2, Honduras 15.0 y Venezuela chavista con 15.7%, y el mayor por ciento de los crímenes en esos países es por armas de fuego, delincuencia conectado con el tráfico de drogas, sicariato y grupos criminales, en menor grado, crímenes pasionales
El 29 de julio último, la Procuraduría General de la República reveló que en los primeros seis meses de este año 576 individuos perecieron por armas de fuego, pronunciándose el titular, doctor Francisco Domínguez Brito por desarme general, en u n acto donde fueron destruidas dos mi armas de fuego, pero es que las armas de fuego no se destruyen, las dañadas se reparan y se entregan a los policía, como las drogas que dizque se queman deben venderse a laboratorios que usan drogas en infinidad de medicinas,
El ministro del Interior, José Ramón Fadul Fadul es opuesto al desarme, lo que traduce la posición del jefe del Estado la decisión, alegando “porque se aplique una política de Estado en el futuro para comenzar con el desarme en cuanto al porte de armas de fuego”.
El ministro Fadul Fadul en todo el tiempo que desempeña la cartera se desconoce que entregar al presidente Medina un proyecto de seguridad para reducir el crimen, sicariato y auge del narcotráfico.
El legislador Víctor Bisonó Haza (PRSC-DN) introdujo hace siete años un proyecto de ley para modificar la ley 36-66 de manera que solo se permita a los solicitantes la tenencia, no el porte, proyecto de ley que se enterró junto a la ley de Partidos y Loma Miranda, para eso es que nos gastamos un inútil y costoso Congreso de barrilitos y cofrecitos.
El senador Adriano Sánchez Roa (PLD-Elías Piña) ha insistido desarme inmediato de armas ilegales, denunciando que los que son sorprendidos en esa situación son puestos en libertad con una multa, algo que no estipula le obsoleta ley 36-66. Propició el senador Sánchez Roa realizar un examen síquico a quienes aspiran poseer una licencia de armas de fuego, categorizando que “el desarme debe obedecer a un plan agresivo inmediato”.
En el marasmo de esa anomia es fácil identificar al culpable de las muertes que se producen en el país por el porte legal ó ilegal de armas de fuego y los resultados de legislar otorgando solo la tenencia luego de un riguroso examen siquiátrica.
