BUENOS AIRES, ARGENTINA, (AP).- El gobierno argentino ratificó un controvertido proyecto de ley que implica un recorte a las jubilaciones pese a los violentos incidentes entre policías y manifestantes ocurridos el jueves en las inmediaciones del Congreso y que forzaron a suspender la sesión en la que se iba a votar la iniciativa.

“Creemos y sostenemos que es una buena ley y que refleja un consenso mayoritario”, dijo el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, en una conferencia de prensa en casa de gobierno.

Las fuerzas de seguridad dispersaron con balas de goma y gases lacrimógenos a cientos de sindicalistas y militantes de organizaciones sociales y políticas que se habían concentrado en las cercanías del Congreso en rechazo a la reforma previsional, que ya fue aprobada por el Senado.

El titular de la cámara baja Emilio Monzó, que responde al oficialista Cambiemos, levantó la sesión luego de que la diputada Elisa Carrió, del mismo espacio político, se lo solicitara ante el clima de violencia y luego de una acalorada discusión dentro del recinto.

La iniciativa es la primera de las reformas económicas que busca sancionar el gobierno de Mauricio Macri tras el fuerte respaldo que obtuvo en las elecciones de medio término de octubre con el objetivo de reducir el gasto público y generar condiciones más atractivas para la inversión extranjera.

El proyecto tiene como eje central la modificación de la fórmula que establece aumentos periódicos a las jubilaciones en un contexto inflacionario. En la actualidad las jubilaciones se ajustan semestralmente tomando en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación impositiva. El proyecto contempla que el aumento sea trimestral y se establezca en un 70% por el índice de inflación y el resto por el incremento de los salarios.

El aumento previsto para marzo se calcularía bajo la nueva fórmula, lo cual implicaría un recorte en los haberes respecto del anterior cálculo. Abogados advirtieron que la aplicación retroactiva de este mecanismo es inconstitucional y opositores vaticinaron una catarata de juicios por parte de los jubilados.

“Estamos convencidos de que este proyecto es bueno y refleja el consenso logrado con casi la totalidad de los gobernadores y refleja la mayoría de las voluntades del Parlamento. Creemos que esta ley tiene que salir de esta forma”, insistió Peña.

El funcionario insistió además que los cambios en el cálculo de los haberes no supondrán un recorte ya que estarán siempre por encima de la inflación.

La reforma jubilatoria había sido pactada entre el Ejecutivo y los gobernadores provinciales, en su mayoría pertenecientes al opositor partido peronista, a quienes les garantizó financiación para sus deficitarias arcas públicas.

El oficialismo es la fuerza mayoritaria en el Parlamento pero no cuenta con quórum propio, lo que lo obliga a negociar con la oposición para sancionar leyes.

Si bien el acuerdo con los gobernadores se materializó en la rápida sanción de la iniciativa en el Senado, en la Cámara de Diputados el oficialismo logró dictamen para tratar el tema tras un debate en comisiones que incluyó golpes de puño, gritos y empujones.

Luego que el gobierno fijara para este miércoles la sesión, sindicatos, organizaciones sociales y partidos de la oposición convocaron a una masiva protesta contra lo que consideran una medida de ajuste que perjudica a los sectores más desprotegidos.

“El pueblo la está pasando muy mal y no merecemos, ni los jubilados ni la gente que trabaja, esta situación”, dijo a AP Mónica de Albuquerque, una jubilada de 67 años que participaba de la protesta.

La manifestante advirtió que si el gobierno insiste con la iniciativa, que se suma a otros proyectos de reforma tributaria y laboral, “va hacia el desastre total”.

Peña no confirmó cuándo se convocará a una nueva sesión en Diputados para tratar el proyecto.

“Trabajaremos con autoridades parlamentarias para fijar cuál es el mejor momento para retomar esta discusión”, adelantó.

Más temprano, el diputado opositor Agustín Rossi celebró que se hubiera impuesto “la cordura” al levantarse la sesión. “Nunca un Congreso ha vivido un estado de militarización como el de hoy. Si el gobierno tiene un problema fiscal que lo resuelva sin meter la mano en el bolsillo a los jubilados”, dijo el legislador a periodistas, en referencia al despliegue de casi un millar de agentes de distintas fuerzas federales en las afueras del Parlamento.

Las inmediaciones del edificio del Parlamento fueron escenario de escaramuzas entre policías y manifestantes que tiraron piedras y botellas y prendieron fuego contenedores de basura.

Expertos sostienen que el sistema previsional argentino es insostenible debido a que no hay suficientes trabajadores que aporten para sostener los haberes jubilatorios por el gran porcentaje de trabajo en negro o ilegal.