SANTIAGO.- La arrabalización de esta ciudad, incluyendo el denominado “centro histórico”, se ha acentuado en los últimos meses, dando la sensación de que las autoridades municipales la han abandonado a su suerte, con el argumento que no cuentan con los recursos económicos suficientes, que les permitan cambiar el panorama. Calles y avenidas en estado deplorable, falta de poda de los árboles en las zonas públicas, incremento de la colocación de vallas publicitarias en lugares inapropiados (especialmente políticas), la constante formación de vertederos y el desorden vehicular, matizan el vía crucis de los santiagueros.
De poco han valido las promesas de la Alcaldía, de buscar soluciones a los problemas que afectan a la mayoría y que son de su incumbencia, en el sentido de que los erradicaría. La decisión de la procuradora fiscal de Medio Ambiente, Miriam Morel, adoptada a mediados del presente año y que ordenaba el retiro de las vías públicas de la publicidad de candidatos políticos, comenzó con un ímpetu sorprendente.
Como soporte de esa profilaxis, el referido estamento judicial contó con el respaldo de las instituciones conocidas como la Sociedad Santiago Somos Todos y la Fundación Masada, cuyos dirigentes fueron quienes motorizaron dicha sentencia, para limpiar a la ciudad de lo que entonces se definió como “campaña extemporánea e indiscriminada”.
Sin embargo, la puesta en práctica de esa decisión judicial relativamente duró poco, porque lentamente se fue dejando sin efecto, por lo que gran parte de la propaganda prevaleció, al tiempo que otras nuevas han pasado a formar parte de la violación, que consiste en su ubicación a menos de 50 metros de otra, como lo establece la ordenanza municipal.
Estudios realizados recientemente establecen que una apreciable cantidad de las vallas publicitarias colocadas aquí es ilegal, vale decir, que no ha sido autorizada por el cabildo y, en vía de consecuencia, de manera directa no paga arbitrios.
En los operativos de la propaganda política corrieron esa suerte 23 mil afiches, bajantes y vallas, lo que significó para sus promotores pérdidas por 30 millones de pesos.
Pero el asunto no pasó de ahí, la mayoría de la publicidad ha permanecido en los lugares, mientras que posteriormente otros candidatos y precandidatos a cargos congresuales y municipales han autorizado la colocación de sus propagandas, sumándose así a la contaminación visual, en violación de las leyes electoral y de medio ambiente.
Previo a esa iniciativa, en diciembre del 2013 el departamento municipal de Planeamiento Urbano notificó a políticos y empresas publicitarias que en ese momento tenían colocados letreros irregularmente, afectando la imagen de la ciudad por la contaminación visual, que en pocos días procedería a retirarlos.
Y así comenzó a ocurrir días más tarde, pero el operativo se limitó a varias cuadras aledañas al edificio donde funciona el cabildo, suspensión que coincidió días después con la cancelación del titular de ese organismo Benjamín Gil.
El concejal Domingo Ureña recordó que, además de lo que establece sobre el particular la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, existe una resolución municipal que prohibe la colocación de vallas publicitarias en la entrada y la salida de la ciudad, en las avenidas Las Carreras, 27 de Febrero, Juan Pablo Duarte, Estrella Sadhalá y en el área monumental, zonas donde con mayor regularidad se observa dicha violación.
A la imposibilidad de que las autoridades hagan cumplir las disposiciones legales que regulan la colocación de ese tipo de publicidad, se suma el ostensible abandono de la mayoría de calles y avenidas que muestran tramos por donde se torna dificultoso el paso de los vehículos.
Si dramática es la situación que presentan las vías públicas en los sectores periféricos al centro de esta ciudad, pero resulta peor la realidad de los barrios más alejados donde, además del natural abandono, se suma el hecho de que pocas veces se restauran los lugares donde se realizan excavaciones para corregir problemas generados por las aguas pluviales, residuales y hundimientos.
Si bien es cierto que las autoridades resuelven con prontitud esos inconvenientes, lo mismo no se puede decir cuando de rehabilitar la zona afectada se trata, existiendo lugares donde el asfalto no ha sido colocado, a pesar de que hace años que se produjeron las excavaciones.
La falta frecuente de las podas de árboles, localizados tanto en las aceras como en las reatas de las avenidas, rápidamente se ha convertido en un problema para los santiagueros, especialmente aquéllos que conducen vehículos.
Las ramas se han expandido de tal manera que prácticamente impiden precisar desde mediana o larga distancia si los semáforos están funcionando o no y más aún, cuál luz está encendida en ese momento, situación que prevalece de manera fundamental en la avenida 27 de Febrero, especialmente en la parte baja de la ciudad.
La prevalencia de los focos receptores de desperdicios sólidos, también conocidos como “vertederos improvisados” es otra de las dificultades que no ha podido resolver de manera satisfactoria la actual gestión municipal, que recorre su sexto año y cuyo incumbente, Gilberto Serulle, recién fue postulado para el mismo cargo por el Partido Revolucionario Dominicano.
Domingo Ureña, considerado como uno de los ediles más contestararios de la gestión de Serulle, dice no hallar explicación lógica de lo que, en el ámbito administrativo, sucede en la corporación municipal.
Porque, de acuerdo a los datos aportados por él, no ve ninguna razón para que a las empresas recolectoras de basura de les adeuden alrededor de 70 millones de pesos cuando, por diferentes vías, cada mes ingresan a las arcas del cabildo cerca de 20 millones de pesos por concepto de cobro de ese servicio.
El representante en el Concejo del Partido de Acción Liberal (PAL) también resalta la gran cantidad de dinero que, de acuerdo a su denuncia, reserva Serulle para el pago de sueldos a personas que no ejercen funciones en el cabildo, estableciendo que estas son beneficiadas con una buena cantidad de dinero del presupuesto municipal.
Y que, mientras ocurre el alegado dispendio económico, no se cumple con la ley presupuestaria de la ciudad ni la 176-07, que norma la distribución de los recursos que ingresan a la alcaldía.
Recuerda Ureña que la ley establece la inversión del 40 por ciento en obras, pero que en estos momentos los gastos en ese renglón no pasan del 15 por ciento, mientras que en pago de nómina está consignado un 25, pero que la administración la mantiene en un 40 por ciento, debido al pago de una nómina sobre abultada.
De igual manera, critica la falta de una adecuada señalización de las vías públicas, fundamentalmente en el pavimento, la falta de servicio de algunos semáforos y el descuido en el mantenimiento de plazas y parques.
El centro de la ciudad virtualmente ha sido tomado por personas que ponen a funcionar negocios de venta de comida rápida, con lo que no solo impiden el tránsito normal de vehículos y peatones, sino que provocan sucios en el pavimento, especialmente por los aceites que utilizan para preparar esos alimentos.
