Antes de modificarse el Código Penal, que reconoció en 1997 las violencias basadas en el género, estudios realizados en el Distrito Nacional por CIPAF, y en Santiago por NAM, decían que el 52% de los casos que llegaban a las Fiscalías de estos dos distritos, eran por violencias basadas en el género, argumento que apoyó la promulgación de la ley 24-97.

De acuerdo a datos aportados por la periodista Teresa Casado, en el periódico El Día del 6 de octubre pasado, la segunda causa de medida de coerción de los imputados enviados al Penal de La Victoria, es la violencia de género y le sigue a los casos por droga.

En nuestras cárceles hay una población importante por crímenes de violencias de género sin tener las ventajas regenerativas indicadas por el Código Penal dominicano que, desde 1997, impone accesoriamente a estos imputados la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar por un lapso no menor de seis meses en una institución pública o privada, cumplimiento y resultados a ser controlados por el tribunal.

Estudios cualitativos realizados por Profamilia sobre el feminicidio, con estudios de casos de feminicidas presos en cárceles dominicanas, indican en ellos sentimientos de venganza por no reconocer como crimen maltratar o matar a una mujer, ¨cuando es ella que provoca las violencias, por no ejercer el rol pasivo asignado socio culturalmente¨.

Precisamente, el día 4 de octubre pasado, la prensa reporta que un tal Carlos Luis, recién salido de la cárcel de Montecristi donde había estado preso por Violencia Intrafamiliar un año y medio, hirió de varias puñaladas a una ex cuñada, menor de 15 años, quien se mantiene hospitalizada y en estado de cuidado, huyendo después del hecho. Una posible venganza, que pudo evitarse si ese agresor en la cárcel, hubiera tenido la oportunidad de informarse sobre el fenómeno que lo hizo delinquir y ahora, reincidir.

En el sistema de atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, es necesario cubrir el proceso de rehabilitación del inculpado, para prevenir nuevas agresiones y hasta feminicidios, una coordinación de esfuerzos que corresponde a Salud Pública, apoyando al Ministerio Público, que es prácticamente el único actor estatal dando respuestas al fenómeno.

Como dice el especialista canadiense en género, Michael Kaufman, ¨la mayoría de los hombres ni golpea ni agrede sexualmente a las mujeres, pero permanece en silencio ante esa violencia y con su actitud permite que esas situaciones continúen¨, por la minoría que si lo hace. Y es lo que están haciendo los implicados en funciones y presupuestos desde el Estado.