Nadie en su sano juicio puede oponerse al reclamo de aumento salarial para el personal de la Policía Nacional, lo que sí debería identificarse es la fuente de financiamiento y la forma de aplicarse ese incremento de sueldo.
No basta con dar aquiescencia a ese justo reclamo, sin reclamar también que se apresure la aplicación de la Ley de reforma policial y se depure profundamente al personal de esa institución, desde generales hasta conscriptos.
Se reconoce que la remuneración que recibe un policía no alcanza ni mínimamente para el sustento suyo y de los suyos, por lo que el Gobierno tendrá que buscar en algún rincón del Presupuesto Nacional el dinero para cubrir un aumento salarial aun fuera modesto.
En el proyecto de Ley de Gastos Públicos se apartaron tres mil millones de pesos para el renglón Seguridad Ciudadana, sin que se precise si esa partida alcanzaría para cubrir el anhelado incremento de sueldos.
Por la naturaleza de sus funciones, los miembros de la Policía no deberían participar de manera directa en protestas o cualquier tipo de acción de reclamo de aumento de salario que colisione con requerimientos disciplinarios.
Ese tema no debería ser de provecho político, sino de preocupación ciudadana porque está íntimamente conectado con la garantía de seguridad pública, por lo que se erige como un delicado asunto de Estado, que Gobierno, Congreso, empresariado y sociedad están obligados a afrontar.
Un aumento de sueldo a los miembros de la Policía y a los demás servidores públicos requiere previamente de una profunda y amplia discusión sobre fiscalidad, a lo que tanto Gobierno, clase política como sector empresarial rehúyen como el diablo a la cruz.
El proyecto de depuración y modernización de la Policía Nacional no puede sucumbir ahogado en un mar de intereses políticos o de conveniencia fiscal, porque lo que se impone es que todos los sectores de la nación pongan proa hacia la solución y dejen de dar vueltas en círculo en torno al problema.
