El próximo sábado, es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, desde 1990 cuando en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, decidió declararlo así.
Más de 600 organizaciones de mujeres de la región, reafirman que, en países y gobiernos que se dicen democráticos, es inaudito que las mujeres no puedan ejercer el derecho a decidir cuándo pueden o no ser madres, que tengan embarazos forzados, muchas veces producto de violaciones sexuales y que eso no sea lo condenable.
Para este año, la campaña internacional del 28 de septiembre, entiende que la sanción penal a la interrupción del embarazo en todas las circunstancias constituye en un acto injusto y violatorio de los Derechos Humanos de las mujeres, negándoles y/o lesionando su derecho a la vida, salud, autonomía, integridad personal, libertad de conciencia y a no ser discriminada ni sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Destaca que la penalización del aborto en todas las circunstancias fomenta y profundiza la injusticia social, convirtiendo el acceso a interrupción segura en problemática discriminatoria; ya que son las mujeres de escasos recursos económicos quienes se ven obligadas a recurrir al aborto en condiciones, deplorables, insalubres y peligrosas, poniendo en riesgo su vida y salud.
Teniendo en cuenta que la tendencia en el mundo es a la promulgación e implementación de leyes que se circunscriben desde el ámbito de la despenalización total hasta la interrupción por causales, sea por peligro de la vida de la madre; de violación sexual, incesto y deformidad del feto; resulta totalmente inaceptable, cruel e inhumano que en siete países de América Latina y el Caribe el aborto permanezca siendo objeto de penalización absoluta.
Por eso, solicitan al Gobierno de la República Dominicana:
Reformar sin más dilación y con carácter de urgencia la legislación nacional a los fines de garantizar a todas las mujeres el acceso al aborto legal y seguro.
Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto a la capacidad de las mujeres para decidir de manera autónoma sobre su sexualidad y su reproducción, en especial sobre la interrupción de embarazos no deseados.
Considerar los acuerdos del Consenso de Montevideo los cuales instan a los países a eliminar el aborto inseguro.
Tomar acciones para evitar la injerencia de sectores integristas, religiosos y ultraconservadores en la puesta en marcha de políticas públicas sobre salud y derechos sexuales y derechos reproductivos.
¡Por la salud y los derechos de las dominicanas, apoyamos la campaña!
