Justamente al cumplirse el ciclo político de este último medio siglo -período en que han reinado los instrumentos políticos que adversaron, renegaron y/o traicionaron los postulados de la inconclusa revolución de 1965- aparecen fuertes señales de degradación extrema y decadencia del sistema de partidos y de las instituciones bajo su control.
El PRSC y PRD lucen moribundos. El PRM incongruente, disminuido, sin autoridad moral y sin política para ser alternativa. El PLD degradado, fraccionado, en descomposición. Los grupos satélites por igual. Los Vichos al carajo.
Congreso, sistema judicial, tren gubernamental, órganos militares y policiales, exhiben las más despreciables descomposición en materia de gestión estatal. El “decricaje” es diverso y grande, y que bueno que eso ocurra.
Así se fortalecen las razones para desconocer lo existente, refundar las instituciones e impulsar los cambios sociales bloqueados.
El hipócrita activismo preventivo del Embajador gringo, advirtiendo sobre los riegos que entraña para la estabilidad del sistema la podredumbre estatal, no nos deja mentir.
Esto indica que podríamos estar asistiendo al principio del fin del régimen político-institucional conformado en el siglo XX en la segunda mitad de la década de los 60, justo al inicio de la post-guerra, y hasta hoy.
Abundan las señales de putrefacción del orden institucional establecido y muy especialmente de la dictadura estatal unipartidista impuesta a través de la farsa electoral del 2012; dictadura, que aun fraccionada, podría ser asumida como refugio protector de la decadencia, vía un pacto que combine reelección presidencial con impunidad corporativa y reparto de “cuotas de poder”; o de lo contrario, el desbarajuste total inmediato y el uso de la trampa y la fuerza a millón.
Crecen, en consecuencia, las razones que permiten apreciar un cierre de la engañosa alternabilidad partidista junto a la existencia de un sistema electoral usurpado por la cúpula del PLD que ha encadenado todos los “poderes” del Estado.
En tales circunstancias no será difícil sembrar y reproducir la idea de que a falta de democracia en las instituciones resulta imperioso construir democracia y poder de calle para detener la descomposición y emprender una nueva ruta de libertades, justicia, bienestar social y soberanía.
Ahora es más fácil entender que frente una Constitución que facilita el establecer una institucionalidad dictatorial, convertir el sistema judicial en vergüenza, anidar corrupción en todo el Estado, saquear las riquezas naturales, privatizar lo público y lo social, clientelizar y corromper la política, negar democracia real y soberanía, es preciso retomar con vigor la propuesta de una Constituyente Popular y Soberana.
