En rechazo al proyecto de ley de Examen Único de Competencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Colegio Médico Dominicano (CMD) convocaron este martes a una marcha el 1 de agosto, y tildaron de “aberrante” la iniciativa porque lesiona los derechos fundamentales y constitucionales del profesional médico.
En rueda de prensa encabezada por Iván Grullón, rector de la UASD, y Waldo Ariel Suero, presidente del CMD, dijeron que la marcha será desde el hospital Salvador B. Gautier hasta el Ministerio de Salud, a las 10:00 de la mañana, con la presencia de médicos y estudiantes de medicina de todo el país.
En el documento conjunto que leyó el rector Grullón, señalan que la UASD y el CMD “hemos decidido lanzarnos a las calles a protestar en contra de este aberrante proyecto de marras”.
“No es posible que después que se obtiene un título de médico si no aprueba este absurdo examen, no podrá ejercer la medicina, tiene un título de médico pero no es médico”, indicaron.
Ven el proyecto como un “argumento engañoso que busca medir niveles de competencias, pero excluye antecedentes históricos trascendentales”.
Aducen que con la pieza legislativa busca evaluar competencias profesionales no establecidas en los planes de estudios, y programas por asignaturas empleadas en formación de los médicos, y afirman el examen no tiene nada de académico.
Sostienen que esa pieza oculta la presión burocrática de emporios médicos internacionales que se están estableciendo, requiriendo “exequátur express”, para que médicos foráneos puedan ejercer en el país.
“Ese proyecto ignora el principio jurídico de que los organismos rectores (MSP, Mescyt, etc.) no deben ejecutar proyectos ubicados en sus ámbitos de competencia regulatoria, por tanto, no puede ser juez y parte a la vez.
Asimismo, consideraron que la iniciativa vulnera el derecho al ejercicio legal, vocacional, ético, social y científico; violaría los acuerdos internacionales DR-Cafta y TLC, además de las leyes generales de Salud 42-01, de Seguridad Social 87-01, de Educación Superior 139-01 y la Colegiación Médica 68-03.
Grullón y Suero sostuvieron que el proyecto vendría a incrementar en el país el ejercicio ilegal de la medicina, y pone en peligro la cobertura universal de salud.
