Cójanlo

El caso Inespre

La bancarrota total en que se encuentra una entelequia como el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), cuya existencia solo se justifica en función del clientelismo político, representa otro sonoro toque de atención. Máxime cuando en medio de las precariedades en que opera, una de las primeras decisiones de su actual director, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, fue incrementar la de por sí abultada nómina y multiplicar los sueldos de los ejecutivos, sin reparar siquiera en la austeridad que había proclamado el Presidente de la República.

Cuando surgió el escándalo de los sueldos, Zorrilla Ozuna declaró que la decisión la había adoptado para evitar que “se metiera la mano”.

Resulta inconcebible que el Inespre cuente con un presupuesto de 112 millones, de los cuales solo en servicios personales se eroguen 93,589,704. A pesar de que su función primordial se ha reducido a la operación de agromercados, unos 12, la entidad cuenta con 33 subdirectores y un departamento jurídico con alrededor de 25 abogados, además de tres nóminas. Ahora que se ha dado cuenta de que el Inespre carece de recursos hasta para pagarles a suplidores el Gobierno debería buscar la manera de intervenir.