La comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar el proceso de licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina, aseguró ayer que no hay ningún tipo de fisura entre sus miembros.
La afirmación es de monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador de la comisión, quien dijo que trabajan en un informe a entregarse a la brevedad posible.
“Vamos a decir la verdad de lo que es nuestra misión, pero no podemos dar aspectos fraccionados, daremos un informe completo que estará enriquecido y sustentado por la firma que se ha contratado para los aspectos técnicos”, enfatizó Núñez Collado.
Sin embargo, Persio Maldonado, uno de los miembros de la comisión, precisó que de surgir elementos importantes el informe final terminará en manos de la Procuraduría General de la República, organismo que le corresponderá adoptar las acciones correspondientes.
“Nosotros como comisión no tenemos el poder de someter a nadie, pero si tenemos la facultad y el mandato de identificar esos hallazgos, y es en base a esos hallazgos que tanto el procurador general de la República, como el Gobierno dominicano van a dar los próximos pasos”, aseguró.
Dio garantías de que el informe final recogerá lo que cada uno de los comisionados entiende que pasó en el proceso de adjudicación y licitación de la termoeléctrica.
La aclaración fue hecha durante una reunión de trabajo efectuada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), a raíz de unas declaraciones ofrecidas recientemente por el comisionado Servio Tulio Castaños Guzmán, representante de Finjus.
Castaños Guzmán había dicho que divulgaría las cosas que ha visto en el proceso de investigación, y que el Ministerio Público debería investigar las eventuales anomalías que se hallasen en la auditoría que se les practica a las plantas en cuestión.
Sin embargo ayer, previo a la reunión, el también comisionado Persio Maldonado le salió al frente a esas declaraciones.
Maldonado dijo que “no tiene ningún elemento que pudiera identificar como para pasárselo a la Procuraduría General”.
Explicó que no se pueden señalar elementos comprometedores hasta tanto finalice la auditoría y se establezcan las conclusiones.
Recordó, asimismo, que una de las tareas de la comisión es elaborar un informe final de acuerdo a la experticia y recomendar investigaciones si se encontraran elementos comprometedores.
“Una vez el informe esté concluido, si hay algún tipo de responsabilidad de la comisión de licitación o de la empresa evaluadora o de cualquiera de las empresas que han participado, entonces eso iría a la Procuraduría General”, resaltó.
