A pesar de que el profesor Juan Bosch había ganado las elecciones del 20 de diciembre de 1962, por una abrumadora mayoría de un 59.53 % de los votos emitidos, con lo que obtuvo 22 de los 27 senadores, 49 de los 74 diputados y 63 de los 78 senadores.
A demás de éste haber dado muestra de su capacidad y compromiso con recuperar la economía nacional, pagando cerca de un 80% de la deuda externa y haber elevado a más 21 millones de dólares y oro de la reserva monetaria, pese al déficit de más 53 millones de pesos que le dejó el Consejo de Estado, como una maniobra política, para que el profesor Bosch no cumpliera, con los fines de su programa de gobierno.
Éste fue derrocado la noche del 25 de septiembre de 1965, por la cúspide militar al servicio del frente oligárquico que había disfrutado del boato y privilegio de la mayoría de los gobiernos anteriores.
El frente oligárquico, compuesto por terratenientes, amplios sectores industriales, comerciantes importadores y exportadores, sectores financieros norteamericanos, vinculados, principalmente a la producción y comercialización del azúcar, así como la cúspide de la Iglesia Católica y los altos mandos militares, andaban detrás de los intereses acumulados durante los 119 años de contubernio, corrupción e impunidad que había vivido la República.
Los terratenientes nacionales e internacionales, se oponían a la prohibición del latifundio contenido en el artículo 23 de la Constitución del gobierno de Bosch, promulgada el 29 de abril de 1963. Ésta prohibición, establecía el referido artículo, era “independientemente del origen de esos terrenos”.
Imagínense ustedes todas las concesiones de terrenos hechas durante los gobiernos de Ignacio María González, Ulises Heureaux (Lilis), Món Cáceres, quien promulgó las leyes agrarias, para favorecer los intereses norteamericanos. Solamente hay que ver, que cuando los americanos hicieron el censo de 1920, habían pasado a tener el 25% de las tierras cultivables en el país.
Los industriales, comerciantes importadores y exportadores, unos estaban detrás de las más de 34 empresas que se les habían confiscado a los Trujillo y sus consortes, mientras otros andaban detrás de la evasión de impuestos aduanales, que no lo iban a tener en el gobierno de Bosch.
La iglesia estaba inconforme con Bosch, entre otras cosas, porque éste no contempló el Concordato que Trujillo había firmado el 16 de junio de 1954, con la Santa Sede. Y los militares, quienes desde que terminó la guerra restauradora, vendían sus servicios al gobierno o sector de gobierno que mejor se lo podía retribuir. Tumbaron a Bosch, porque el frente oligárquico comprendió, que con el gobierno de Bosch terminaban sus privilegios y comenzaba la justicia social a favor del pueblo dominicano.
Al derrocar a Bosch, recuperaron esos privilegios. Para eso instalaron el nefasto Triunvirato, se opusieron al retorno de éste por lo que estalló la revolución constitucionalista del 24 de abril de 1965; pidieron la intervención norteamericana el 28 de abril. Mataron a quien quisieron. Instalaron el gobierno de Joaquín Balaguer y se desarrolló, hasta el día de hoy, la cultura del contubernio, la corrupción y la impunidad. Y todo eso con la complicidad del Poder Judicial y Congresual, los cuales siempre han hecho coro, con el tono que le imponga el Poder Ejecutivo.
El último coro fue el del Tribunal Constitucional. Este Tribunal fue capaz de violar la propia Constitución del cual, supuestamente es el encargado de garantizar, así como la Ley 137-11 que es su ley orgánica.
Esto se hizo evidente cuando declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que elevara la Fundación de Militares Constitucionalistas el 16 de junio de 2016, con la finalidad de que se corrigieran las omisiones contenidas en los decretos 236-10 y 237-10, para que se les reconocieran los rangos y deudas a éstos, de haberse cumplido con el artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana firmada por el Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó y la Comisión Ad-Hoc de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 31 de agosto de 1965, así como el artículo 3 de la Ley 21, promulgada por el doctor Héctor García Godoy Cáceres el 27 de septiembre de ese mismo año.
Así como el acta notarial levantada para legalizar el gobierno de facto del Triunvirato, cuando derrocaron a Bosch, que en alguna de su parte decía que la mayoría obtenida por Juan Bosch, el 20 de diciembre de 1920, eran “ocasionales”, así mismo el Tribunal Constitucional entendió que el recurso interpuestos por los militares y policías constitucionalistas, para reclamar su derecho a la igualdad, con los militares y policías que derrocaron a Bosch, combatieron la revolución constitucionalista y pidieron la intervención, en un conjunto de violaciones constitucionales sin comparación en la historia de América Latina, y tal vez del mundo.
Tumbaron a Bosch, para que los violadores de la ley, recibieran la complicidad de los sectores judiciales.
