A pesar de que la realidad indica que por más esfuerzos que se pueda hacer resulta casi una utopía encubrir el escándalo de corrupción que envuelve al consorcio Odebrecht, a menos que se llegue a un arreglo internacional liderado por Estados Unidos, por estos predios son evidentes la confusión y el pesimismo en torno a la investigación para establecer las debidas responsabilidades.
En la desconfianza son muchos los factores que se conjugan, comenzando por la falta de independencia del Ministerio Público para tocar a la clase política y terminando con los visibles afanes por manipular a la opinión pública con el procedimiento que se ha utilizado a lo largo del proceso. Mientras en la región se ha apresado e identificado a presuntos sospechosos de pagos ilegales, por estos lares se exhibe como trofeo el convenio a través del cual el consorcio se compromete a resarcir al Estado con 184 millones de dólares.
La dimensión del escándalo ha dejado sin respuesta a políticos y analistas que todavía atribuyen su magnitud a interés de Estados Unidos, o de su gran capital, para competir con más ventajas en la región.
Esa tesis, que se enarbola en la era de Trump, se asume para ignorar los nocivos efectos de la corrupción en el desarrollo de las naciones. La debilidad del sistema institucional, que en países como República Dominicana tanto se cuestiona, está relacionada con el modelo de dominación contra el cual hoy se protesta en varios países. Un artículo del economista Pedro Silverio Álvarez en Diario Libre, titulado “Odebrecht les pagó la cuenta”, no despeja en su totalidad la confusión sobre la intervención norteamericana, pero ayuda a comprenderla.
Tras cuestionar el acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la constructora brasileña, Silverio Álvarez explicó que en Estados Unidos no hay detenidos ni investigados porque a la firma se le ha procesado por conspiración para el uso de medios –correos, instrumentos de comercio interestatal- en territorio norteamericano para realizar pagos ilícitos en el extranjero.
Sin embargo, Silverio Álvarez traduce pesimismo sobre el curso de la investigación. Tras señalar que en el país ha habido funcionarios sobornados, se queja de que la investigación ha sido reactiva –dependiendo de lo que se descubra en el exterior- y selectiva, respetando los linderos políticos, las jerarquías oficiales y las tendencias dentro de los partidos.
“En general”, agrega, “no parece que haya interés en profundizar el caso hasta las últimas consecuencias; sobre todo, porque los mayores costos políticos recaerían sobre el partido gobernante”.
A pesar de los nubarrones es muy difícil que se imponga la impunidad. Menos todavía por el alcance del convenio en Estados Unidos.
