Semanas atrás, cuando el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán, convocó a directores de medios y líderes de opinión a un encuentro con el pleno de la organización, el propósito se orientaba a recabar apoyo para impulsar una ley de partidos, fundamental para regir la vida interna de esas organizaciones y fortalecer la institucionalidad democrática.
Parecería ocioso que se busque apoyo para la ley más reclamada por todos los líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales y la más amplia y variopinta colección de opinadores de radio, televisión, prensa escrita y redes sociales, pero una cosa es clamarla y otra muy distinta es tener la madurez de pactarla.
En el fondo una parte de la clase política la asume en el discurso, pero la repele en los hechos, porque se trata de autoimponerse controles, de renunciar a prácticas caudillistas y despóticas, que se critican cuando la cometen los otros, pero a las que se intenta justificar cuando toca practicarlas.
El poder de las cúpulas no volverá a ser el mismo y miles de personas ejercerían su militancia empoderados de derechos que eran permanentemente desconocidos, y con partidos más transparentes e institucionalizados, producirán políticos y servidores públicos más comprometidos con la sociedad.
El peor escollo que tiene la ley de partidos es que solamente puede ser aprobada producto de un consenso, que ningún partido, aunque cuente con mayoría holgada en ambas cámaras puede imponer, porque como orgánica requiere de una mayoría especializada que nadie tiene.
Se alega que lo propio ocurría con la modificación constitucional para permitir la reelección presidencial, y que la voluntad del sector dominante de un partido bastó para lograrla en un abrir y cerrar de ojos.
He explicado que hubo dos factores que contribuyeron a que la mayoría que tenía el Partido de la Liberación Dominicana se ampliara a la dos terceras partes requerida: 1-La división del Partido Revolucionario Dominicano, con la formación del Partido Revolucionario Moderno, se quedaba en el limbo con una matrícula congresional que unida a la mayoría peledeísta completaba cómodamente los votos necesarios, y esto por otro factor: 2-El apoyo de la matrícula reformista que para esos fines actuaba como aliada del presidente Medina.
La matrícula de diputados del PRD se ha achicado y tanto el PRM como el PRSC han advertido al PLD que no permitirán que se construya una traje a la medida con el ley de partidos, en conclusión, sin un consenso que involucre al PRM y sus aliados, no está la mayoría que se requiere.
La otra opción es que el PLD se las ingenie con métodos non sanctos y conquiste la mayoría requerida, el resultado sería de un descrédito tal que más vale la difícil situación con las que tendríamos que enfrentar de nuevo elecciones en todos los niveles. Se podría sugerir que lo haga pactando con la sociedad al margen de partidos que dicen querer una ley de la que temen como el Diablo a la cruz, pero eso no es garantía de que no se produzca una grave crisis, porque los sectores de la sociedad civil quieren empujar sus temas de agenda sin asumir compromiso.
He puesto varias veces el ejemplo de que el presidente Medina planteó los tres causales para permitir en desembarazo complaciendo la agenda liberal de entidades feministas que fueron las primeras en salir a vociferar consignas contra su gobierno por el caso Odebrecht.
