Santo Domingo.-La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, declaró ayer que el garantismo penal solo se aplica a ricos y políticos, en eventual referencia a la sentencia que ordena la libertad mediante el pago de sendas de fianzas de los imputados en el caso Odebrecht Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa.
Mientras, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, consideró al respecto que la lucha contra la corrupción en el país solo son letras muertas y discursos vacíos para engañar a la ciudadanía, donde las leyes se acatan y no se cumplen.
“Garantismo penal” que solo se aplica a ricos y políticos”, escribió en su cuenta de twitter la fiscal Berenice Reynoso, en eventual referencia a la sentencia del juez Francisco Ortega Polanco, que ordenó la puesta en libertad del empresario Ángel Rondón mediante el pago de una garantía económica de 70 millones de pesos y de Víctor Díaz Rúa a través del pago de una garantía de 50 millones.
Sobre el particular, Sosa indicó que habría que preguntarse si los presupuestos para imponer la prisión preventiva por el Juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco han sido modificados.
“Asumimos que la imposición de la prisión preventiva se basó no solo por el peligro de fuga para no someterse al procedimiento, sino que además existen pruebas suficientes de causa probable de ser autores o cómplices y podrían poner en peligro el proceso de investigación obstaculizando la averiguación de la verdad”, adujo en una nota de prensa.
Los presos
Los altos montos de las fianzas impuestas por el juez de la instrucción especial Francisco Ortega a los imputados Rondón Rijo y Díaz Rúa imposibilitó ayer que fueran pagadas por ante una compañía aseguradora y la puesta en libertad de ellos.
Juan Antonio Delgado (Tony), Pedro Balbuena y Manuel Fermín, abogados de Rondón Rijo, se reunieron ayer con su cliente en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, para coordinar el pago de los 70 millones de pesos que como garantía económica para salir de la cárcel le impuso Ortega Polanco, quien fue designado por la Suprema Corte de Justicia como juez de la instrucción especial para instrumentar el expediente Odebrecht.
A favor del exministro de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, le fue impuesta una garantía económica de 50 millones de pesos, la cual tampoco ha podido ser pagada, debido a su alto volumen.
A ambos se les han imposibilitado el pago como consecuencia de que tienen sus bienes y cuentas embargadas como parte del proceso investigativo que realiza la Procuraduría General de la República.
A Díaz Rúa se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica, mientras que al empresario Rondón Rijo una garantía económica de 70 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Durante la audiencia, celebrada el viernes en la tarde, el juez Ortega Polanco otorgó 20 minutos a los abogados de los imputados para que justificaran los motivos por los cuales se les debían variar las medidas a sus clientes, quienes cumplían nueve meses y un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo.
Los representantes de los acusados, señalaron que tanto Díaz Rúa, como Rondón no representan peligro de fuga, por lo que exhortaron imponer otras medidas.
Rondón Rijo
Juan Antonio Delgado (Tony), abogado de Rondón Rijo, in formó que mañana temprano será depositado el contrato que avala la fianza por 70 millones de pesos impuesta a su cliente.
Dijo que el contrato de fianza será entregado en la Secretaría General de la Procuraduría General de la República, organismo que después deberá emitir la orden de libertad a la Alcaldía de la Cárcel de Najayo, San Cristóbal.
La puesta en libertad de Rondón Rijo y Díaz Rúa fue criticada por el procurador Jean Alain Rodríguez, quien dijo que no ayuda en nada a la lucha contra la corrupción.
Empero, el procurador Jean Alain Rodríguez no dijo si recurrirá la sentencia en apelación.
Un apunte
Sospecha
Generó sospecha entre el Ministerio Público, abogados y periodistas que cubren la fuente judicial el hecho que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cancelara el miércoles todo los roles de audiencias por motivo del huracán Irma, excepto la revisión de las medidas de coerción a Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa.
La medida provocó la indignación de la Procuradora adjunta Laura Guerrero, quien dijo que la justicia era igual para todos.
