El fin de la impunidad es imposible sin el fin del sistema de corrupción e impunidad establecido. Poder Ejecutivo, Gobierno Central, Justicia, Congreso, Cámara de Cuentas, JCE, Alcaldías… son instituciones controladas por una partidocracia corrupta y corruptora que las manipula para enriquecerse en contubernio con grandes empresarios, lobistas, generales y corporaciones transnacionales.
Las altas jerarquías de todos los partidos del sistema han estado comprometidas con esa podredumbre.
El Comité Político del PLD rompió el record histórico, convirtiéndose primero en un partido-Estado, luego en partido único de Estado y después en una corporación política-económica que articula negocios realizados desde esas instituciones, protegidos sus autores por un blindaje político-judicial-policial-militar..
Así se ha conformado una dictadura constitucional dedicada a acumular riqueza y poder, dirigida desde un centro estatal-partidista generalmente convertido en un monarca postmoderno; siempre acompañado de una maquinaria de marketing y publicidad dedicada a desvirtuar la verdad en procura de la permanencia de una dominación mafiosa.
La base legal-sustantiva del poder constituido es la Constitución del 2010 estructurada por Leonel Fernández (y sus asesores de ocasión) y heredada por el presidente Medina.
Esa Constitución -más allá de sus adornos engañosos- potenció el autoritarismo trujillista-balaguerista, constitucionalizó el neoliberalismo y concentró el poder de decisión en la Presidencia y en un Senado controlable por el centro de mando de la corporación política-económica que asaltó el Estado.
En estas circunstancias “poco me jayo” demandar que Danilo renuncie, y así mismo considero espurias las violentas reacciones sobre el tema del presidente de la JCE, de Danilo, del jurídico de Danilo y de los grandes empresarios asociados a él; como también el teatral anuncio del caos que anunció el centinela de este orden constitucional putrefacto.
Además de que el jefe de un Estado corrupto carga con las mayores culpas del caso y merece el castigo correspondiente, con la Constitución actual la corrupción y la impunidad tienen posibilidades de reciclarse; aunque se remienden algunas instituciones establecidas, se activen iniciativas judiciales contra ciertos personeros e incluso se cambien presidentes y partidos gobernantes si alterar la institucionalidad delincuente.
Por eso, en perspectiva, será imprescindible el desplome del gobierno y las instituciones que manipula, la instalación de un régimen provisional comprometido con el fin de la impunidad y la superación de este orden constitucional que la ampara.
